En un fallo unánime de votos a favor y cero sufragios en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó hoy la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista, el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston, informó el Semanario Zeta.
“México alega que las empresas ayudaron e instigaron ventas ilícitas que canalizaron armas a cárteles mexicanos. La cuestión presentada es si la demanda de México demuestra plausiblemente esa conducta. Concluimos que no lo hace”, escribió la jueza progresista Elena Kagan, en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA Ley de Protección del Comercio Legal de Armas) impide la demanda”, indicó el fallo de los nueve magistrados de la Corte Suprema de EU.
En este caso los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en EU era la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano, derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México.
Asimismo, Kagan subrayó que la demanda no señalaba ninguna transacción delictiva específica, en la que los demandados presuntamente hubieran prestado ayuda. No decía, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado, que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica.
En cambio, la demanda del Gobierno mexicano formuló una acusación más general: que todos los fabricantes ayudaban a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos, a realizar numerosas ventas de armas de fuego, en violación de diversas prohibiciones legales.
El carácter sistémico de esa acusación aumentó la carga de la prueba del Gobierno de México, por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos enfatizó que, para que la acusación prosperara, debía estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, lo que no ocurrió.
