CENTROS DE REHABILITACIÓN. Irregularidades en Guasave.
Hasta el cierre de la edición, ocho centros de la cabecera municipal fueron clausurados por Protección Civil al detectar falta de permisos y planes de protección; Coepriss no ha realizado revisiones
En el municipio de Guasave, la atención a las personas con problemas de adicciones enfrenta un gran reto: la proliferación de centros de rehabilitación que operan fuera del marco legal. Las autoridades han comenzado una serie de inspecciones para detectar irregularidades, y hasta el momento ocho centros han sido clausurados, tan solo en la cabecera municipal.
A la fecha, 15 centros dentro del casco urbano están siendo notificados que serán visitados por personal de Protección Civil para una inspección; sin embargo, sumando a los que están en zonas rurales, la cifra aumentaría a 30 pues en todos ellos han sido detectadas irregularidades en cuanto a permisos, planes de protección y uso de suelo.
Un procedimiento escalonado
Las inspecciones están a cargo únicamente de Protección Civil municipal, sin la participación directa de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepriss), aunque esta última es la autoridad facultada para verificar condiciones sanitarias y otorgar registros oficiales. Hasta el momento no se ha integrado formalmente al operativo en Guasave y se estima que el próximo mes ejecuté un plan similar, o se sume al que ya está en marcha.
De acuerdo con Macario Gaxiola Castro, director de Protección Civil Guasave, el plan consiste en detectar los centros irregulares para proseguir con una inspección, la cual incluye una notificación inicial y un plazo de cinco días para responder; si en ese lapso no se presenta documentación a través de un consultor o un tercero acreditado, se otorgan 30 días para subsanar las observaciones. Si no se cumple con los requerimientos en ese plazo, se procede con la clausura definitiva.
El ya mencionado proyecto, arrancó luego de la clausura de ocho centros, y actualmente se encuentra en la etapa de notificar a los centros ya detectados, aunque Macario Gaxiola declaró que este número podría aumentar en los próximos días, a partir de la siguiente semana, el Instituto de Protección Civil, proseguirá con la inspección.
Gaxiola Castro explicó que los centros que no cuentan con el registro de la Secretaría de Salud serán clausurados de inmediato, y aquellos que estén en proceso de regularización recibirán observaciones que deberán atender en un plazo de hasta 30 días. En caso de encontrar documentación duplicada, como folios de registro repetidos o permisos falsificados, también se procederá al cierre inmediato.
El director advirtió que, además de operar sin permisos, muchos de estos lugares funcionan sin personal médico ni psicológico, y en condiciones precarias que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas internadas.
“Hemos encontrado que, en algunos centros, los mismos internos hacen funciones de cocineros o guardias. No puedes dejar ese tipo de responsabilidades en personas que emocional y psicológicamente no están estables”, puntualizó.
Gaxiola Castro recordó los riesgos de adjudicar estas responsabilidades a los internos, pues muchas veces terminan en consecuencias irreversibles y trágicas, como pasó el pasado 15 de mayo al interior del CIDA, clínica de rehabilitación ubicada en el ejido Cubilete, perteneciente a la sindicatura de Tamazula; en donde una riña entre internos derivó en la muerte de un hombre identificado como “Yanco”, de 33 años, quien murió después de ser atacado con un machete. Tras las investigaciones, se dio a conocer que los internos no eran supervisados por personal del CIDA.
Macario Gaxiola Castro también informó que en el municipio existen centros, denominados “patito”, que han comenzado a operar recientemente sin contar con autorización alguna, y que incluso algunos usan registros de otras sucursales como si fueran válidos para abrir nuevas instalaciones, lo cual está estrictamente prohibido.
“Cada centro debe tener su propio registro, aunque pertenezcan a una misma organización”, subrayó.
Cerrar no es la solución. Salud busca alternativas
Aunque a los centros de rehabilitación que no cumplen con los requerimientos, se les clausura, el subsecretario de Salud estatal, Martín Ahumada Quintero, cuestionó esa medida, argumentando que probablemente no sería la mejor solución.
“La mayoría no están regularizados, pero no sería ninguna solución cerrar, sino ayudar y aquí la intención desde la Secretaría de Salud es ser proactivos, propositivos con ellos, en decir cómo vamos buscando un prototipo el cual sea mínimamente alcanzable para cumplir. Desde los tipos de terapia que obviamente excluye cualquier tipo de terapia que sea inadecuada”, señaló.
Ahumada Quintero también subrayó la necesidad de unificar criterios entre Coepriss, la Secretaría de Salud y los propios centros de rehabilitación, para lograr una regulación efectiva que permita combatir el problema de adicciones sin vulnerar aún más a las personas que buscan ayuda.
El desafío de la regulación
Desde Protección Civil se insiste en que no habrá margen para la tolerancia con los centros irregulares, pero también reconoce que se necesita un plan conjunto con salud estatal y federal.
“No se trata solo de clausurar, sino de ordenar. Hay centros que quieren regularizarse, y a esos les vamos a dar todas las facilidades. Pero quien no cumpla, no puede seguir operando”, concluyó Gaxiola Castro.
Mientras tanto, la siguiente semana arrancará formalmente la etapa de inspección presencial, y se espera que, de los 30 centros detectados, al menos 15 más puedan entrar en revisión. Será ahí donde se determine cuántos realmente cumplen con la normativa y cuántos deben cerrar sus puertas.
