Implicados en el proceso de arrendamiento de patrullas por parte del Ayuntamiento de Ahome presentan amparos para evitar que se entregue información a la Fiscalía
Funcionarios del Ayuntamiento de Ahome y la empresa Grinleasing, involucrada en el arrendamiento irregular de patrullas, buscan evitar que la investigación se judicialice y que la Fiscalía obtenga información sobre ellos para integrar la carpeta de investigación.
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El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue desaforado en las primeras horas de este viernes por el presunto arrendamiento irregular de 126 patrullas por 171 millones de pesos.
Funcionarios de su gobierno involucrados en la investigación y la empresa Grinleasing, SAPI de CV, que rentó las patrullas, promovieron amparos para evitar que el Ayuntamiento entregue información a la Fiscalía.
Los servidores públicos que han promovido los amparos son Genaro García Castro, Antonio Humberto Vega Arellano, Héctor Adonai Beltrán Moreno y Gerardo Iván Hervás Quindos.
En las demandas reclaman “la resolución y/o acuerdo que hayan emitido en el cual soliciten información del suscrito con motivo de desempeñarme como servidor público en el H. Ayuntamiento de Ahome; por la indebida fundamentación y motivación del acto de autoridad del cual me duelo en el presente juicio de garantías y que se haya emitido en franca contravención a los derechos públicos subjetivos que me asisten y están previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Antonio Vega Arellano, ex tesorero, indicó en su demanda que no existe orden judicial que determine la entrega de la información.
“Le reclamo la resolución en la cual se determinó la entrega inminente de información personal y confidencial del suscrito, sin mi consentimiento, a una persona cuya identidad desconozco, en franca violación de mi derecho constitucional de protección de datos personales, así como a mi derecho a manifestar mi oposición a la entrega de los mismos, máxime si no existe una orden judicial que así lo ordene”, menciona.
Todos han solicitado una suspensión condicional para que el Ayuntamiento no entregue información de ellos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción hasta en tanto no concluya el juicio de amparo, pero los jueces han negado las suspensiones en todos los casos.
La síndica procuradora de Ahome, Cecilia Hernández Flores, informó al juez de distrito que la FGE sí le solicitó información sobre los servidores públicos.
“Es cierto el acto reclamado, toda vez que a la suscrita se le ha solicitado información del quejoso”, señaló.
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El ex secretario del Ayuntamiento y diputado local desaforado, Genaro García Castro, también solicitó en su demanda una suspensión para que la Fiscalía no judicialice la investigación.
García Castro pretende evitar que la FGE lleve la investigación ante un juez para que sean citados a la audiencia inicial y el juzgador resuelva la vinculación a proceso penal.
La suspensión provisional que solicitó contra la judicialización le fue negada por el Juez Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis.
“Es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria”, señaló el juez.
El juzgador mencionó que de suspender la judicialización de la carpeta “también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta”.
La empresa que rentó las patrullas, Grinleasing SAPI, también promovió un amparo para impedir que el Ayuntamiento entregue información a la Fiscalía.
“Les reclamo la resolución, oficio y/o acuerdo que hayan emitido en el cual soliciten datos sujetos a restricción y/o información confidencial de la persona moral que represento (cuentas de banco, transferencias, fechas de pagos, domicilios, etc.) y sobre todo información derivada de la celebración de contratos de prestación de servicios, entre ellos el contrato número DA-Arrendamiento-018-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, el cual fue celebrado por mi representada con el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, y otros”, indica la demanda presentada por el abogado de la empresa.
A la empresa el juez también le negó la suspensión con la que pretendía que el Ayuntamiento no entregue información.
Las demandas de amparo fueron presentadas los primeros días de marzo y los juicios siguen en curso.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha solicitado información al gobierno municipal después de que en junio de 2024 la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia contra funcionarios de Ahome.
La denuncia es por el arrendamiento irregular de 126 patrullas con un costo de 171 millones 451 mil 932.40 pesos a la empresa Grinleasing, en diciembre de 2021.
Artículo publicado el 04 de mayo de 2025 en la edición 1162 del semanario Ríodoce.
