En la cadena del combate a la corrupción de servidores públicos, los órganos internos de control (OIC) no se han podido consolidar como la instancia que garantice la prevención, detención y la sanción.

Un análisis reciente de la organización ciudadana Iniciativa Sinaloa concluyó que unas de las principales debilidades del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción son precisamente los OIC.

Tras revisar los OIC de los gobiernos estatal, municipal, así como de organismos autónomos, la organización concluyó que se reciben muchas denuncias en esa instancia, pero no se traducen en procedimientos sancionatorios, ni siquiera en el caso de faltas graves.

Por ejemplo, en el caso de los 18 ayuntamientos, de un total de 11 mil 132 denuncias recibidas por el OIC, en las que se incluyen quejas de informes de auditoría, tan solo el 8.1 por ciento tuvo como resultado la aplicación de una sanción.

El 28.4 por ciento de los expedientes terminaron archivados mediante un acuerdo de conclusión, sin sanciones.

Únicamente en el 22.3 por ciento de los casos derivó en un informe de responsabilidad administrativa.

Los números son más ínfimos en el caso de la derivación a otra instancia. Tan solo el 0.9 por ciento de los expedientes se turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa, y el 0.09 por ciento llegó a la Fiscalía Administrativa como denuncia por presunto delito.

El análisis de Iniciativa Sinaloa tomó como base los datos de 58 entes públicos, los que sumaron la recepción de 16 mil 480 denuncias, quejas e informes de auditoría. Sin embargo, se detectó que únicamente 110 casos fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), en tanto que solo 10 derivaron en denuncias presentadas ante la Fiscalía por la comisión de algún delito. A ello se suma que de estas denuncias remitidas al TJA, ninguna concluyó en una sanción.

“Esto nos arroja que la efectividad a la hora de sancionar las faltas administrativas redunda en altos niveles de impunidad, aumentando los riesgos de corrupción y deshonesto manejo de los recursos públicos, pues los procedimientos correctivos a servidores públicos son prácticamente nulos”, concluye el apartado de concusiones de la investigación de Iniciativa Sinaloa.

La eficacia y eficiencia de los OIC de los municipios ya había sido objeto de un diagnóstico por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SESEA).

En dicho estudio, se encontró que, para realizar sus funciones legales, solo el 66.1 por ciento de los OIC en los municipios estaban debidamente integrados.

Tras realizar una encuesta en los OIC de los municipios, se encontró que el 11.1 por ciento contaban con autoridad investigadora, el 5.6 por ciento con autoridades investigadora y sustanciadora, el 5.6 por ciento con autoridad sustanciadora y resolutora, y el 11.1 por ciento no tenían ninguna de estas.

Los datos encontrados llevaron al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción a emitir recomendaciones a los municipios de Badiraguato, Concordia, Cosalá, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa, para que se los dotara de las autoridades encargadas de investigar, substanciar y resolver las faltas administrativas conforme al marco legal en materia de Responsabilidades Administrativas.

El mecanismo para los nombramientos de los integrantes de los OIC por los gobiernos municipales fue otra de las debilidades encontradas por Iniciativa Sinaloa en su estudio. Ya que, en 14 de los 18 Ayuntamientos, la designación del OIC fue realizada como si se tratara de una dependencia interna, sin contar con convocatorias públicas, sino como propuestas directas por la Sindicatura de Procuración.

Solamente los ayuntamientos de Guasave y San Ignacio realizaron convocatorias públicas, con posterior respuesta de las Sindicaturas de Procuración ante los cabildos, donde se hicieron votaciones y designaciones.

Iniciativa Sinaloa concluyó precisamente que de las problemáticas de la eficacia de los OIC está vinculada a la falta de autonomía, motivada por la falta de transparencia y participación ciudadana en los procesos de designación. En esencia los OIC debiesen actuar con independencia de gestión y decisión.

En el terreno del gobierno estatal, la agrupación encontró que 11 secretarías no cuentan con un OIC a pesar de que manejan recursos públicos, firman convenios y contratos, entre estas se encuentran Obras Públicas, Administración y Finanzas, Seguridad Pública, Salud. Solo tres secretarías cuentan con un OIC: Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), Educación Pública y Cultura, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En el gobierno estatal la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha terminado por ser una concentradora de denuncias de las secretarías que no cuentan con un OIC propio, derivando en una sobrecarga y nula efectividad.

La investigación detectó que desde el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2024, la STRC recibió mil 765 denuncias y quejas contra servidores públicos, además de que inició 976 expedientes tras informes de auditoría. En ninguno de los casos se ha resuelto una aplicación de penalización.

En la SEPyC de 239 denuncias y quejas, y 73 informes de auditoría, no hay registro de sanciones aplicadas.

En el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, no hay una sola denuncia, queja o expediente iniciado por informes de auditoría.

Dentro de las actuaciones de OIC, el más eficiente ha sido el de la Auditoría Superior del Estado. De 25 denuncias ha aplicado sanción al 36 por ciento, ha terminado el 24 por ciento con acuerdo de conclusión o archivo del caso, en el 28 por ciento ha emitido un informe de responsabilidad administrativa. No ha turnado ninguna denuncia al Tribunal de Justicia Administrativa ni a la Fiscalía Anticorrupción.

En las recomendaciones, para hacer efectivos y eficiente los OIC, Iniciativa Sinaloa enumera, entre otras recomendaciones, la homologación de los procesos de designación para que los titulares tengan independencia de gestión; la publicación semestral de los resultados de los expedientes; el ajuste de la política anticorrupción para dar mayor celeridad a las investigaciones y acabar con el alto índice de impunidad administrativa.

Artículo publicado el 15 de diciembre de 2024 en la edición 1142 del semanario Ríodoce.