Tras doce años privado de la libertad, Julian Assange, fundador de WikiLeaks se pronunció por primera vez para aclarar que si recuperó la posibilidad de volver a su vida normal fue por el acuerdo judicial en el que se declaró culpable de hacer lo que le apasiona, el periodismo.
“Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre, tras años de encarcelamiento, porque me declaré culpable de haber hecho periodismo”, en la declaración que ofreció el primero de octubre desde la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo.
El periodista australiano de 53 años, afirmó que ya no teme ser ni arrestado ni extraditado a Estados Unidos por cuenta del ejercicio del oficio.
Assange acusó a las autoridades de Estados Unidos de recurrir a la legislación de espionaje para acusarlo por filtración de datos a través de la divulgación de cientos de archivos que pusieron en jaque material confidencial de Washington acerca del manejo del conflicto tanto en Afganistán como en Irak, hace ya 14 años.
Durante la declaración, Assange puso sobre la mesa el impacto de estos 12 años de momentos marcados por lo que calificó como asedio y que, según sus palabras, llegaron afectar su vida no solo profesional, sino también personal.
Añadió que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) actuó en contra de WikiLeaksen creada en 2006 . Esto hacía referencia a la divulgación mediática de un presunto caso de espionaje en la Embajada de Ecuador a través de la compañía de seguridad UC Global, liderada por el exmilitar de origen español David Morales.
Como consecuencia de esta investigación existen dos causas abiertas, una penal en España, con cierto número de víctimas, entre ellas mi mujer, mi hijo, gente que vino a visitarme a la Embajada de Ecuador, abogados y periodistas; y una causa civil en Estados Unidos en contra de la CIA, detalló Assange.
Antes de su acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el australiano se enfrentaba a 18 cargos penales relacionados con la difusión por parte de su organización de material clasificado y cables diplomáticos, y a una pena de 175 años de cárcel.
Con información de France 24
