Después de dos años de conflicto con la UAS, busca la conciliación
El Congreso del Estado reculó en el pleito con la UAS por la reforma a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
Los diputados Feliciano Castro Meléndrez y Ricardo Madrid Pérez, anunciaron que el Poder Legislativo desistió del recurso de revisión que presentaron contra un amparo que un juez federal concedió a la Universidad al considerar que la Ley viola la autonomía.
La reforma fue aprobada el 15 de febrero de 2023 por el Congreso local y la UAS promovió un amparo que les fue concedido.
La disputa entre el congreso y la Universidad Autónoma de Sinaloa era por el Artículo 3, que establece que la consulta para reformar la Ley Orgánica de la Universidad debe ser organizada por el Congreso del Estado y que el Congreso puede llamar a rendir cuentas al rector.
El juez consideró que esos artículos transgredían la autonomía y suspendió su aplicación, pero el Congreso sostenía lo contrario y promovió una revisión del amparo en un Tribunal Colegiado y la semana pasada desistió.
El rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, ha declarado en diversas ocasiones que el gobernador Rubén Rocha Moya inició una persecución política de universitarios por oponerse a la reforma.
En mayo de 2022, Rocha Moya despidió de la Secretaría de Salud a Héctor Melesio Cuen Ojeda y se inició un pleito que luego se extendió a la Universidad.
El mandatario empezó un discurso en el que señalaba que Cuen Ojeda, líder moral del Partido Sinaloense, tenía secuestrada a la Universidad y era él quien ponía a los rectores, acusó que funcionarios de la UAS desviaban recursos para financiar al partido y habló de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la UAS.
La reforma a la Ley de Educación Superior, que daba intervención al Congreso en la reforma a la Ley Orgánica, fue aprobada en febrero de 2023.
En los meses siguientes, la Fiscalía General del Estado abrió nueve carpetas de investigación por supuestos actos de corrupción en la UAS por compras millonarias y en julio del año pasado Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS fueron llevados ante el juez; y en octubre, Madueña Molina fue separado del cargo.
El 13 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Rocha Moya y a los universitarios al diálogo para llegar a un acuerdo.
Rocha Moya dijo que atendería el llamado, pero que en la reforma a la Ley de Educación Superior no habría marcha atrás.
El desistimiento público
La semana pasada el diputado Feliciano Castro Meléndrez anunció que el Congreso desistía de la revisión que promovió ante el amparo que obtuvo la Universidad contra la reforma a la reforma a la Ley de Educación Pública.
Sostuvo que la reforma no transgrede la autonomía y que el Congreso tiene la razón jurídica, pero desistieron por voluntad política para establecer el diálogo.
“Desde el Congreso manifestamos nuestra voluntad política para construir acuerdos, queremos dar un paso muy significativo, que ello mismo sea un llamado a la autoridad universitaria de la UAS a sentarnos para construir acuerdos, poniendo en el centro el interés de la Universidad, de la comunidad universitaria, con la convicción de que el destino de la institución deberá estar en manos de los propios universitarios, de toda la comunidad universitaria”, indicó.
Señaló que el Congreso resolvió desistir del recurso de revisión para allanar el camino para una mesa de diálogo.
“Estamos convencidos de que la razón jurídica nos asiste, no obstante, tomamos esta medida, damos un paso adelante, la palabra la tiene la autoridad universitaria, creo que el diálogo puede conducirnos a un propósito: la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad para que esta armonice con la Constitución Política de México, así como las leyes en la materia”, expresó.
Sobre los procesos penales contra los universitarios dijo que eso compete a la Fiscalía y en el Congreso solo están tomando decisiones en lo que compete a ellos.
En representación del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, leyó un comunicado en el que menciona que están convencidos que el diálogo es fundamental para la democracia y junto con la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, deben ser considerados los pilares de la convivencia social.
Nos han dado la razón: Robespierre
El encargado del despacho de la rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, mencionó que con el desistimiento los legisladores se adelantaron a algo que por su propio peso iba a caer.
“Con ese desistimiento se confirma la postura de la Universidad, que estaba defendiendo en todo momento su autonomía universitaria; evidentemente es un triunfo legal para la Universidad, hay que decirlo, la Universidad ratifica su postura de tener razón, pero no es un asunto acabado, esto debe de seguir y deben resolverse las causas penales de todos los involucrados”, expresó.
Mencionó que tendrán que corroborar que se haya realizado en realidad el desistimiento, en qué sentido y qué alcance legal tiene y además tener plena certeza de que la sentencia de amparo a favor de la Universidad ha quedado firme.
La Universidad, indicó, siempre se manejó con la verdad y siempre tuvo la razón legal de su lado.
“Esto no se agota nada más con este desistimiento o esta declaración, es parte de un proceso legal y que en este proceso legal tiene que agotarse en una reforma que simple y sencillamente esté alineada con la Ley General de Educación Superior y con el Artículo Tercero Constitucional”, expresó.
Mencionó que tienen disposición para atender el llamado al diálogo que hizo el presidente López Obrador y el viernes por la mañana tuvo comunicación con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con miras a una reconciliación en el conflicto entre Gobierno del Estado y UAS, y le pidieron seguir atentos y en espera de las indicaciones para reunirse con el gobernador.
Artículo publicado el 30 de junio de 2024 en la edición 1118 del semanario Ríodoce.
