José Avelino Orozco Córdova, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, negó, la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), para imponer la prisión preventiva justificada a Antonio Molina Díaz, Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), por el ejercicio ilícito del servicio público delito que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio, aunque sí la justificada, por el caso de la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en una estación migratoria.

Los fiscales de la FGR pidieron al juzgador dejar en prisión al funcionario federal, argumentando que era el segundo al mando del INM, después del comisionado Francisco Garduño Yáñez.

Asimismo, los abogados de las víctimas pidieron al juez de control que le impusiera la prisión preventiva justificada, porque Molina Díaz no radicaba, ni tenía arraigo en Ciudad Juárez, una condición que propiciaba el riesgo de fuga.

Sin embargo, Orozco Córdova negó la solicitud de los fiscales de la FGR, porque estimó que sus afirmaciones eran subjetivas y no acreditaron que Molina Díaz fuera el segundo mando en importancia en el INM. Al mismo tiempo, también rechazó la solicitud de los litigantes, porque las víctimas no tenían la facultad para solicitar medidas cautelares. Por lo anterior, el juez de control determinó imponer al funcionario federal, como medidas cautelares, la presentación periódica mensual y la prohibición de salir del país.

Además, debido a que los abogados defensores de Molina Díaz argumentaron no haber tenido acceso a todos los registros de la carpeta de investigación de la causa penal 236/2023, Orozco Córdova canceló la audiencia y acordó continuarla a las 10:00 horas del 21 de abril de 2023, pero sin suspender el término para definir la situación jurídica del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración.

El 19 de abril de 2023, el juez federal Juan José Chávez Montes vinculó a proceso a Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes del INM, y a Eduardo Apodaca Magallanes, titular del Departamento de Recursos Materiales, del mismo Instituto.