Ambos gobernadores lo negaron, pero una fuente del Departamento de Estado confirmó que perdieron el privilegio

Otros dos funcionarios del partido de Morena fueron lanzados al ojo del huracán la semana pasada, luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos (USDOE), cancelara las visas de Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya, gobernadores de Sonora y Tamaulipas respectivamente, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Fuentes del USDOE, dijeron a este semanario que la visas efectivamente fueron canceladas hace una semana, una vez que fiscales estadounidenses presentaran “evidencia” ante un juez que vincula a ambos gobernadores con miembros del crimen organizado, la cual habría sido la causa por la que se emitió una restricción a ambos gobernadores.

“Cuando existen acusaciones contra políticos o funcionarios, o contra cualquier persona que es investigada por las autoridades y se descubren elementos que muestran que tiene vínculos con organizaciones criminales, se procede a cancelar o restringir una visa, y es lo que pasó con esos dos gobernadores”, dijo extraoficialmente una fuente del USDOE.

La actual administración del presidente Donald Trump, ha cancelado un número récord de visas contra funcionarios mexicanos, en su vasta mayoría del partido de Morena, a quienes acusa de actos de corrupción, o por tener nexos con el crimen organizado, convirtiendo la actual administración en la más agresiva a la hora de revocar visas.

“Como digo, cuando se llega a este punto, es porque hay elementos, y no tiene que ver con ninguna agenda política ni nada parecido, sino que se hace porque es con evidencia concreta cuando una persona tiene nexos con el titular de la visa”, explicó la fuente.

Según analistas, la cancelación de visas forma parte de una estrategia de seguridad nacional que se ha vuelto más agresiva tras la designación por parte de Estados Unidos de varios cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.

La inteligencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias de seguridad ha utilizado este recurso cada vez más para modificar el estatus migratorio de funcionarios mexicanos sospechosos de corrupción, lavado de dinero, o vínculos con el crimen organizado.

Los casos de Durazo Montaño y Villarreal Anaya se suman al de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a quienes, una vez que les cancelaron sus visas, fueron acusados de tener nexos con organizaciones del crimen organizado. Las medidas no sólo competen a gobernadores en funciones, sino que en esa lista también hay presidentes municipales y diputados federales, en su mayoría de Morena.

Cuestionado por esos señalamientos, el gobernador tamaulipeco negó tener vínculos, o haber participado, promovido, protegido o mantenido relación alguna con actividades relacionadas con el tráfico de huachicol. La misma reacción fue emitida por Alfonso Durazo, quien con un tono irónico negó tener vínculos con miembros del crimen organizado.

“Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”, dijo Durazo Montaño cuando se enteró de los señalamientos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo por su parte que el gobierno de México no recibió ninguna comunicación oficial ni extraoficial por parte de Estados Unidos respecto al retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

“No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial. Es un tema del que haya una comunicación por parte del gobierno de Estado”, declaró Velasco.

Momentos después de esa declaración, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, subrayó en su cuenta de X, que una visa estadounidense constituye un privilegio y no un derecho, por lo que su otorgamiento o revocación forma parte de las herramientas de política exterior de Washington.

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior”, dijo el funcionario estadounidense.

El mecanismo legal que motiva la revocación de visas se encuentra en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al Departamento de Estado declarar inelegibles para la entrada al país a las personas que tengan “motivos para creer” que han colaborado o participado en actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y la corrupción. Es fundamental destacar que la ley también permite a Estados Unidos revocar las visas de familiares que puedan haberse beneficiado de ganancias ilícitas.

Las cancelaciones de visas, dirigidas particularmente a miembros del partido Morena, han puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición difícil, la cual ha intentado maquillar con la reafirmación sobre la soberanía de México, afirmando que su gobierno solicitó explicaciones a funcionarios estadounidenses sobre los gobernadores, aunque se le respondió que las decisiones sobre visas son estrictamente confidenciales.

“¿Qué intención tiene Estados Unidos con quitar la visa y además hacerlo público? O sea, ¿cuál es el interés?”, cuestionó la presidenta Sheinbaum durante una de las mañaneras.

Artículo publicado el 07 de junio de 2026 en la edición 1219 del semanario Ríodoce.