El gobernador Rubén Rocha Moya presentó ante el Congreso del Estado la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en la que ya no existe la CEAIP conforme a las reformas constitucionales realizadas en la materia.

La propuesta fue presentada ante el Pleno del Congreso hoy martes, pero no fue leída, ya que fue dispensada la primera lectura por ser iniciativa de más 30 fojas impresas, para en su lugar enviarla a los correos institucionales de los diputados.

En el documento, el gobernador plantea que la garantía de derecho de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo, será ejercida por un organismo desconcentrado de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Un modelo similar al adoptado por el Gobierno Federal con la creación de Transparencia para el Pueblo, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Recordó que el modelo propuesto busca abonar a la racionalización del gasto público y la implementación de políticas de austeridad para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos para atender las necesidades prioritarias de la población.

Advirtió en la iniciativa no únicamente responde a la racionalidad en el gasto púbico, sino que también busca potencializar el derecho de acceso a la información, al permitir que las contralorías internas exijan a los sujetos obligados el cumplimiento de la ley, bajo el apercibimiento de la utilización de medidas de apremio más directas y accesibles en caso de desacato.

En la iniciativa el Ejecutivo Estatal aseguró que se armonizan las directrices establecidas en la Ley General, por lo que se contempla la integración del comité del subsistema estatal; las obligaciones para publicar periódicamente la información en los portales de transparencia de los sujetos obligados; la atención a las solicitudes planteadas mediante la Plataforma Nacional o las diversas modalidades; la información que puede ser clasificada como reservada o confidencial; los medios de impugnación; las sanciones; entre otros aspectos que contribuyen a la garantía de los derechos sustantivos.

En los puntos transitorios de la iniciativa que los recursos materiales y financieros con que cuente la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa serán transferidos a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.