Sin presupuesto ni voluntad del Ejecutivo Estatal y el Congreso, la norma cumple cuatro años de su aprobación
A cuatro años de que el gobernador Rubén Rocha Moya promulgó la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa, se ha convertido en letra muerta y en solo un documento de buenas intenciones a favor del acceso a la información pública y la transparencia.
Cuando se aprobó por unanimidad en el Congreso del Estado el 29 de octubre de 2020, los diputados celebraron la nueva legislación porque dijeron que sin duda los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, no podían ser ejercidos ni garantizados sin la adecuada gestión documental y conservación de archivos.
“El derecho a la verdad y a la memoria, son elementos indiscutibles en toda democracia liberal, y por tanto es impensable su garantía sin la conservación de los archivos, donde precisamente son reflejados el ejercicio de facultades, competencias y funciones de cualquier tipo de autoridad”, dijo entonces el diputado de Morena, Horario Lora Oliva, quien fungía como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
A los parabienes se sumó el Grupo Parlamentario del PRI, en voz de la diputada Cecilia Moreno Romero, quien calificó a la nueva legislación como un parteaguas en la materia y un verdadero cambio, al transformar la manera que las dependencias públicas manejan su documentación.
La legislación contempló la creación de un Sistema Estatal de Archivos y la integración de un Consejo Estatal de Archivos.
Este Sistema Estatal de Archivos sostendría una estrecha relación de trabajo con la CEAIP y los Sistemas Estatal y Municipal Anticorrupción, según la ley que aprobaron por unanimidad todas las fuerzas políticas.
El día que aprobaron el dictamen, los diputados resaltaron que la nueva ley facilitaba y promovía la transparencia y el acceso a la información, para que todos los ciudadanos sinaloenses pudieran consultar los archivos de cualquier dependencia gubernamental de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, y cualquier ente que reciba y utilice recursos públicos.
En la ley los diputados establecieron que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la capacidad y disponibilidad presupuestal constituiría y administraría un Fondo de Apoyo Económico para los Archivos, sin embargo, tal acción no ha ocurrido desde que entró en vigor la ley hace cuatro años.
La legislación vigente establece que la finalidad del fondo sería promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus ámbitos de competencia.
La ley específica que el gobierno del estado deberá otorgar subsidios a Fondos de Apoyo Económico para los archivos de los sujetos obligados, acción que tampoco ha ocurrido.
Estos fondos deberían ser previstos y aprobados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de cada año.
La misma ley contempló además la creación y funcionamiento del Archivo General del Estado, un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines.
Este organismo, de acuerdo con el texto de la ley vigente, tendría como objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del estado, esto con el fin de salvar la memoria de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.
En los artículos transitorios detalló que el Archivo Histórico General del Estado asumiría las funciones como Archivo General del Estado. En los hechos el primero siguió con sus funciones, de hecho continua así llamándose en el organigrama oficial del portal de Transparencia del Gobierno Estatal, ya que nunca se constituyó en el segundo oficialmente, es decir no evolucionó en el organismo señalado en la Ley de Archivos.
Junto con el Archivo General del Estado se contempló la integración del Consejo Estatal de Archivos, el cual coordinaría el Sistema Estatal, estaría integrado por el titular del Archivo General del Estado, el titular de la Secretaría de Gobierno, el de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, un diputado local, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, un comisionado de la CEAIP, el titular de la ASE, presidentes municipales, entre otros actores de la vida pública. Este consejo nunca se creó.
En los artículos transitorios se estableció que el Ejecutivo Estatal y los municipios deberían incluir a partir del ejercicio fiscal 2021, en sus presupuestos anuales, recursos suficientes para el funcionamiento y operatividad del Fondo Estatal de Archivos. Esto también quedó reducido en las buenas intenciones de la ley, ya que no se tradujo en hechos.
Solo algunas instituciones en forma individual tuvieron avances en materia de archivos, considerada la materia prima para el abastecimiento del acceso a la información, como fue el caso de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y el Instituto Electoral para el Estado de Sinaloa (IEES).
Sin presupuesto, sin acciones ni voluntad, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, para hacer realidad la Ley de Archivos, la condenaron a ser letra muerta.
Artículo publicado el 15 de febrero de 2026 en la edición 1203 del semanario Ríodoce.
