La desaparición de los mineros en Concordia destapó una cloaca de explotación, crimen y desplazamientos en torno a la actividad minera en Sinaloa.

La desaparición de 10 mineros en la sierra de Concordia, el pasado 23 de enero, sería la punta del iceberg de un esquema a gran escala de extorsión y explotación de minas al sur y centro del estado, por parte de grupos ligados al crimen organizado, que habrían obligado a centenas de familias a huir de sus casas para ellos adjudicarse y explotar yacimientos de oro y plata.

Según fuentes consultadas, incluyendo líderes activistas y familias desplazadas, esto tiene años ocurriendo, luego que las organizaciones criminales concluyeran el gran negocio que implica, primero extorsionar a las grandes empresas mineras, y después ellos mismos adueñarse y después explotar yacimientos de metales preciosos en municipios que incluyen Concordia, Escuinapa, El Rosario, San Ignacio y Cósala.

“Nosotros nos hemos enterado de esto desde hace ya varios años, pero las familias no dicen nada porque son amenazados, y si hablan los desaparecen y los matan, y nosotros por nuestra parte también hemos denunciado, pero las autoridades no hacen nada”, dijo José Carlos González Alarcón, presidente de Mexican Human Rights, que asesora a familias desplazadas.

El problema parece haber tocado fondo a finales de enero, cuando 10 trabajadores de la empresa Vizsla Silver, una compañía canadiense que explota un yacimiento de oro en la zona serrana de Concordia, fueron secuestrados por un grupo de al menos 20 sicarios que irrumpieron en un campamento en San Nicolás de Pánuco.

Los mineros levantados fueron identificados como José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valles y Miguel Tapia Rayón.

La noticia rápidamente dio la vuelta al mundo, lo cual habría obligado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ordenar el despliegue de mil 190 elementos castrenses, que además de buscar por tierra se mueven en helicópteros artillados, así como dos aeronaves: una tipo Texan II y otra King Air, en la zona. El operativo, habría dado como resultado de manera preliminar el hallazgo de una fosa, donde fueron localizados 10 cuerpos, cinco de los cuales corresponden a los mineros.

“Es terrible lo que tiene años pasando en la sierra de Sinaloa, donde nos queda claro que las empresas mineras han cedido a las demandas del crimen organizado, y se les permite trabajar con el permiso de los cárteles de la droga, y porque han cedido a pagar un derecho de piso”, insistió González Alarcón, entrevistado vía telefónica.

Una mujer residente de uno de estos pueblos mineros, y quien solicitó no se revelara su verdadera identidad, dijo que la situación en su pueblo es aterradora, pues se trata de una zona completamente minera, y cuando bien les va, los hombres son obligados a trabajar sin recibir paga, y si se oponen, los matan, mientras que otras veces simplemente los matan y les quitan su maquinaria y propiedades, y el crimen organizado es quien se encarga de explotar la mina.

“Nosotros nos tuvimos que salir de nuestro pueblo porque estaban matando a todos los hombres porque la mafia quería quedarse con todas las minas. Y si no obedeces, te matan”, dijo la mujer, quien debió irse a vivir a Mazatlán, a una casa de asistencia social.

Narcos mineros

De acuerdo a fuentes familiarizadas con la situación, todo empezó con la extorsión. Los grupos del crimen organizado comenzaron a cobrar un derecho de piso a las compañías mineras. Con el tiempo, y considerando que el gramo de oro tiene un precio aproximado de 2 mil 625 pesos, los cárteles de la droga encontraron, literalmente, una mina, concluyendo que había mucho dinero en esa industria, y decidieron que ellos mismos podían explotar las minas.

Lo que siguió es que el crimen organizado empezó a quitarles maquinaria, y amagándolos de muerte, los obligó a trabajar para ellos. Nada pudieron hacer, pues las amenazas los obligaron a quedarse callados. Y quienes alzaban la voz, supuestamente eran asesinados y sus cuerpos nunca eran encontrados.

Laura Ivonne Valdés Ramírez, una rastreadora que tiene años buscando a su tío desaparecido, confirmó que son miles de personas desaparecidas en la zona sur del estado, al menos 3 mil, principalmente en la zona serrana de Concordia, Escuinapa, El Rosario, Mazatlán, y Elota.

“Las familias de los desaparecidos tienen miedo de hacer denuncias, y lamentablemente tienen que desaparecer a estos mineros para que las autoridades se vuelvan a ver este problema”, externó Valdés Ramírez, quien representa al colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Corazones Unidos por una Misma Causa.

La llegada de los mil 190 elementos castrenses habría destapado una cloaca, pues lo primero que descubrieron las fuerzas del orden fue una fosa clandestina con más de 40 osamentas, además de un campamento de entrenamiento militar, en el poblado El Verde, donde se aseguraron mil 600 cartuchos, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico.

“Es apenas el inicio, y podría haber más. Nosotros tenemos meses queriendo ir a buscar a nuestros seres queridos, porque sabemos que cada vez son más los desaparecidos en esa zona, pero no vamos por los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, y es muy riesgoso para nosotras”, insistió Valdés Ramírez.

Además de los miles de personas que están desaparecidas, hay al menos 12 pueblos completamente abandonados en la región, según observó José Carlos González, además de por lo menos 700 familias que han tenido que huir de sus casas por la violencia en la región.

“Esto tiene años ocurriendo, pero todo empeoró con el conflicto entre los grupos del crimen organizado en Sinaloa, y porque es mucho dinero el que obtienen los cárteles, no sólo de la minería, sino de la extorsión”, observó el líder activista.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por su parte, ha insistido en que siguen avanzando con las investigaciones, y que continúan con la búsqueda, incluso han realizado al menos cinco cateos en distintos puntos de la zona serrana de Concordia, donde se han encontrado artículos y ropa perteneciente a los mineros desaparecidos.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa, dijo en conferencia de prensa que, desde el 24 de enero pasado, han iniciado las investigaciones sobre la desaparición de los mineros.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que de acuerdo a declaraciones de testigos, los mineros fueron privados de la libertad porque los confundieron y la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no se descarta como línea de investigación que el móvil haya sido

“Se encontraron pertenencias que pudieran ser de los trabajadores de la mina y derivado de los hallazgos que hemos obtenido, se han realizado cinco cateos; uno en Mazatlán y cuatro en Concordia, dos en zona serrana y dos en cabecera, pero aún nada”, dijo la funcionaria.

Una fuente federal confirmó que la semana anterior fue localizada en una bodega de Concordia una credencial de una tienda departamental a nombre de uno de los 10 mineros desaparecidos, la cual fue utilizada para realizar compras en línea.

Organizaciones mineras y líderes de derechos humanos lamentan que hayan tardado tanto en iniciar la búsqueda, pues pasaron casi ocho días para que el gobierno hiciera algo.

“Es lamentablemente que la fiscal del estado, que tenía conocimiento de lo que pasaba, debió esperar a que en la ciudad de México se enteraran del problema para actuar, porque haber iniciado la búsqueda desde la primera denuncia, puede haber hecho la diferencia”, lamentó Miguel Ángel Murillo Sánchez, del Frente Cívico Sinaloense.

Aun cuando ya han pasado más de dos semanas de la desaparición de los mineros, hay esperanza que aún estén con vida, y que sea cuestión de tiempo y gracias a la presión que está ejerciendo del estado, para que aparezcan.

“Creemos que aún están con vida, porque a veces se han llevado a gente por meses, y entonces los sueltan, por eso tenemos esperanza que nos los regresen”, dijo una mujer de la sierra de Concordia, familiar de uno de los trabajadores de la mina.

Artículo publicado el 8 de febrero de 2026 en la edición 1202 del semanario Ríodoce.