Luego de que el reportero de policíaca Ernesto Martínez, del medio Los Noticieristas, denunciara haber sido agredido por elementos de la Policía Estatal, Artículo 19 urgió a la SSP de Sinaloa a respetar y proteger la labor de las personas periodistas, y a que se investigue bajo como delito cometido contra la libertad de expresión.

El hecho se registró el pasado lunes 19 de enero cuando Martínez realizaba labores periodísticas sobre la Maxipista Culiacán–Mazatlán, en Costa Rica, a bordo de una unidad debidamente identificada y rotulada como vehículo de prensa.

El comunicador declaró a Riodoce que en el momento que ocurrió la agresión “iba documentando lo que estaba ocurriendo, pero en ningún momento me detuve ni entorpecí el tránsito; ellos fueron los que me querían quitar el teléfono para destruirlo”.

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Denunció que durante la intervención los agentes intentaron despojarlo de su teléfono celular, a lo que se negó.

A través de un comunicado la organización llamó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa atender su obligación nacional e internacional de respetar y proteger la labor de las personas periodistas, lo que implica, dijo, capacitar de manera sistemática a los agentes policiales sobre el derecho a la libertad de expresión y prensa.

Asimismo exhortó a la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa que realice una investigación exhaustiva y diligente, de conformidad con el Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Artículo 19 recordó que, de acuerdo con la CIDH es obligación de los Estados proteger a las personas periodistas, lo que implica implementar mecanismos de prevención de agresiones,  “en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”.

Añadió que, de acuerdo con los Principios sobre Libertad de Expresión, las amenazas y las destrucción de materiales de los medios de comunicación constituyen una violación directa a la libertad de expresión; por tanto, es deber de los Estados prevenir e investigar estas agresiones.