En medio de la guerra del Cártel de Sinaloa, la muerte tiene contrastes, cada vez son menos los que pagan servicios fúnebres costosos, y más los que a falta de recursos optan por velar en sus casas

Detrás de la cinta amarilla está él, oliendo la muerte. Al fondo, una familia llora, pronuncia sus lamentos. Los estrobos de la policía iluminan la escena. Se acercan los curiosos; las miradas cuchichean entre sí, ojos decaídos y otros regocijados de morbo. El cuerpo permanece quieto, apagado; un perito lo rodea. La prensa llega amontonada con sus cámaras. Él decide esperar: entona sus zapatos boleados, camisa planchada y una tarjeta en sus manos. Cualquier movimiento puede ser inapropiado, pero está ahí para ofrecer su paquete funerario.

El tránsito de la guerra entre el Cártel de Sinaloa se cuenta en días y muertes. 2 mil 076 homicidios dolosos es la cifra que expone la Fiscalía General del Estado (FGE) en un curso de 14 meses. Rara vez se festejan los días blancos donde nadie fue asesinado, por lo menos no bajo el conteo oficial. El número es impreciso, la Fiscalía no incluye a los “abatidos”, quienes pierden la vida durante los enfrentamientos; esas cifras se registran en otro lugar, bajo competencia federal. Tampoco todos los asesinados entran en la estadística: “causa de muerte pendiente de determinar” es otra nueva categoría que adelgaza la numeralia.

La muerte prospera, y las comisiones de “Emiliano” también. La guerra ha representado para las funerarias un incremento económico, es lógico. Pero hay contrastes —señala “Emiliano”—: el negocio fúnebre supo cómo irse posicionando. Antes, por allá en 2005, los funerarios se peleaban por los cuerpos, cada uno intentando subastar sus mejores servicios. Hace 20 años, no era común que las familias se anticiparan con planes funerarios. Hoy es distinto.

Incluso pelearse por los cuerpos ya es de mal gusto. Solo resta acercarse y preguntar, si la familia ya tiene un plan para su difunto. “Emiliano” señala que es una tarea complicada: entre llantos y gritos, selecciona a quien se muestra más lúcido en medio de su dolor. Se anticipa a las emociones y avanza: disculpe, ¿usted ya tiene un plan funerario con nosotros?

Morir es costoso. Antes, el paquete más sencillo —embalsamamiento, ataúd básico, equipo de velación y la figura de un Cristo— rondaba los 3 mil pesos. Hoy, el mismo paquete alcanza los 5 mil pesos si se desea velar en el hogar, y 6 mil en una funeraria. Otros paquetes, dependiendo de la empresa, pueden costearse entre los 7 mil a 41 mil pesos, y si las familias gustan de adornos más rimbombantes, el precio aumenta. Esto, sin añadir el gasto del terreno, el cual se acerca a los 30 o 35 mil pesos.

En total, un gasto medio, incluyendo la compra de un terreno, se aproxima a los 38 mil pesos. Los gastos elevados rondan los 65 mil pesos o más, mientras que los máximos superan los 150 mil pesos.

La pomposidad de algunas familias que tenían el poderío económico les permitía costear ataúdes carísimos. Esto era una práctica más visible hace 20 años: cuando el narcotráfico patrocinaba un funeral o un narco moría, las cajas se bañaban en oro o se constituían de materiales más finos, alcanzando el medio millón de pesos solamente en la caja. En esta guerra, “Emiliano” advirtió que esto ya no sucede: la pomposidad cayó.

En caso de que la familia ya cuente con un terreno, pero este esté ocupado por otro difunto. Los panteones municipales cobran una cuota de mil 500 pesos por reabrir una tumba. Abrir, enterrar y volver a cerrar. En funerarias privadas, estos precios ascienden a aproximadamente a 7 mil pesos. Muchas veces —anotó— algunas familias no pueden ni pagar el plan más económico.

“Emiliano” explicó que existen ayudas gubernamentales para estas familias. La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) destina 10 mil pesos para víctimas colaterales y directas, para cubrir gastos de servicios funerarios a través de convenios. De los 10 millones 168 mil que el Congreso del Estado aprobó para 2025 a la CEAIV en recursos fiscales, la Comisión prevé que la cantidad no alcanzará para este último trimestre, ya que el número de “acompañamientos”, es decir, apoyos económicos a víctimas, aumentó considerablemente en comparación con otros años.

Los 10 mil pesos cubren únicamente los servicios funerarios; la adquisición del terreno corre por cuenta de la familia. Aunque la CEAIV establece esto de manera clara, la ayuda no se aplica a todas las personas localizadas sin vida o a víctimas colaterales. La FGE puntualiza que los abatidos, al ser considerados generadores de violencia, quedan fuera del proceso.

“Siempre y cuando la persona que falleció en el lugar de los hechos no tenga alguna pistola, ya sea pegadita a él a su alrededor, una pistola, un rifle o que la traiga fajada, ahí no se lo dan. (…) cuando llega la fiscalía, hace las periciales, les descubre droga, traían droga, no lo otorgan, y cuando la persona tenía antecedentes penales, tampoco lo otorga”, detalló.

“Emiliano” ha observado una tendencia. Por lo regular, las personas que son localizadas sin vida corresponden a jóvenes, en un rango de edad entre los 16 y 30 años. La FGE, en su recolección anotó que desde el 1 de enero hasta el 5 de noviembre de este año, 54 víctimas de homicidios dolosos son personas menores de 18 años, y de los 144 privados de la libertad, 78 han sido localizados sin vida.

Entre sus conclusiones, muchos de los jóvenes encontrados en hechos delictivos provienen de familias disfuncionales y de un estrato social y económico muy carente. Generalmente, los servicios funerarios suelen ser los más económicos y los cuerpos se velan en el hogar.

“Es lo que siempre he observado en los familiares, que ese muchacho viene de una familia disfuncional, y la familia me doy cuenta que no contaron con la suficiente preparación intelectual para ver las cosas o ver la vida desde otro punto de vista”.

Artículo publicado el 09 de noviembre de 2025 en la edición 1189 del semanario Ríodoce.