Dicen que desconocen petición de juicio político contra el gobernador

Diputados locales aseguraron desconocer el caso en donde un particular tramitó el juicio de procedencia en contra del gobernador Rubén Rocha Moya por negativa a responder a los inversionistas que con descuentos vía nómina fondearon a la paraestatal Fibrasin, cuya conformación data desde 1981.

Cuestionados por separado, los diputados locales por el tercero, quinto y doceavo distrito, César Ismael Guerrero Alarcón (Morena), Juan Diego Aranzubia Iturrios (Partido Verde) y Nancy Yadira Santiago Marcos, dijeron desconocer el caso de juicio de procedencia (político) exigido vía amparo de silencio por Bruno Radamés Valdés Leyva, cuyo padre, jubilado del gobierno estatal fue uno de los mil 359 burócratas que fueron forzados vía descuento de nómina a aportar una parte de su salario para capitalizar la paraestatal Fibrasin, que sería una fábrica de aglomerado de bagazo de caña de azúcar, creada por el entonces gobernador Antonio Toledo Corro.

La fábrica nunca operó, pero los descuentos continuaron e incluso nunca se les dio corte de caja ni retorno de utilidad, denunció Valdés en mayo de 2025.

En ese momento, ya había interpuesta una demanda de juicio de procedencia, pero la LXVI legislatura nunca le respondió a su derecho de petición, iniciando entonces el juicio de amparo 559/2025 al que tampoco se aportó respuesta.

Santiago Marcos dijo ignorar el caso, y que no estaba enterada ni en lo general ni en los detalles.

Quizá, se disculpó, está en comisiones. “Una vez que lo resuelven, nos informan al pleno. Pero no sé del tema”.

Marcos se comprometió verbalmente a investigar el expediente y comentarlo.

Aranzubia Iturrios precisó que el caso le era desconocido por completo pues recién había asumido las funciones de propietario, luego que el titular, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, fue designado alcalde sustituto de Ahome.

Mientras que César Ismael Guerrero Alarcón comentó que recuerda del caso de juicio de procedencia contra el gobernador de Sinaloa, que fue desechado porque no se tramitó en la vía correcta.

Aclaró que no fue un caso de protección al mandatario sino de procedencia legal.

De acuerdo con el promovente del juicio de procedencia, Valdés Leyva, el Congreso de Sinaloa nunca le respondió a su petición formal y por escrito que presentó en mayo pasado, por lo que consideró que vencido el plazo para la respuesta formal, los diputados simplemente le negaron el derecho de petición, cuya respuesta recaía en ellos.

Ante esa negativa, él se amparó y durante las audiencias, el despacho legal del Congreso sólo dio evasivas.

El emparo fue interpuesto el miércoles 4 de junio en oficialía de partes y recayó en el Juzgado Primero de Distrito. Este se interpuso en contra de actos del Congreso del Estado que omitió responder a Valdés Leyva sobre la petición formal para que este se erigiera como tribunal para someter a juicio político al gobernador Rubén Rocha por desacato a órdenes judiciales que le obligaban a pagar los daños a los trabajadores que fungieron como accionistas de la paraestatal.

Esta es una resolución que ya ganó en tribunales civiles, pero que han rechazado hacerla válida.

Artículo publicado el 26 de octubre de 2025 en la edición 1187 del semanario Ríodoce.