Usan el mismo esquema de compras que motivó las demandas en contra del ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas; ASE concluye que debieron licitarse

Con recursos provenientes del programa Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el ayuntamiento de Guasave compró 12 patrullas por 14 millones 761 mil 956 pesos, sin llevar a cabo un proceso de licitación.

El argumento de las autoridades municipales, fue la urgencia por la inseguridad, el mismo que usó el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para adjudicar un contrato por el arrendamiento de patrullas con un costo de 161 millones de pesos, y que lo llevó al desafuero. En el caso de Guasave no se trató de un arrendamiento sino de una compra.

El 10 de diciembre de 2024, ante el Comité de Compras, Juan de Dios López Rubio, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que la solicitud era de carácter urgente debido a los “aumentos de los índices delictivos en el estado y ante la inminente amenaza de decomisos de estupefacientes en las periferias del municipio, y así poder hacer frente a la situación”, así como para establecer cercos de seguridad para brindar una mejor protección a la ciudadanía y afrontar efectivamente el operativo “Guadalupe-Reyes”.

El tesorero y presidente del comité, Edgar Adair Espinoza Robles, mencionó que hubiera preferido adquirir las unidades mediante licitación abierta pero dada la urgencia de la misma y por cuestiones de tiempo se tuvo que recurrir a la figura de la adjudicación directa.

En el documento se estableció que se comprarían mediante el proceso de cotización por escrito a cuando menos tres proveedores, 10 camionetas tipo patrulla, cuatro puertas, 4×4, con abalizamiento con un costo unitario de un millón 349 mil 400 pesos, dando un total de 13 millones 194 mil pesos “para evitar la prolongación y extensión a nuestro municipio, la ola de violencia que se había suscitado en Sinaloa”.

Y aunque se cotizó con dos empresas más, de acuerdo al Portal Nacional de Transparencia, fue a Premier Chevrolet, propiedad de la familia de Javier Gaxiola Coppel, exsecretario de Economía del gobierno del estado, a la que se le adjudicó la compra.

Dos unidades Toyota Rav4 con un costo individual de 577 mil 100 pesos fueron autorizadas el 6 de diciembre, para ser compradas a Premier Oriente, otra empresa de la familia de Gaxiola Coppel. En esta última no se localizó el acta del comité de compras, y solo se tuvo acceso a las órdenes de compra.

“Fue el comité de adquisiciones”

Al ser cuestionada sobre la compra de las unidades, la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya, le atribuyó la responsabilidad al comité de adquisiciones, cuyos integrantes la aprobaron por unanimidad.

“Se hizo un estudio en base a la Secretaría de Seguridad, con la ayuda del Estado y también con jurídico, se determinó, y no lo adquirimos nosotros, lo adquirió un comité de adquisiciones, que fueron los que determinaron por unanimidad que era urgente la necesidad de comprar estas patrullas”, declaró.

Mónica López Hernández, regidora por el PRI, quien también es integrante del comité de adquisiciones, declaró que el 10 de diciembre del 2024 se les convocó a una reunión extraordinaria, donde el tesorero les planteó la urgencia de la compra por una crisis de inseguridad.

“Yo le pregunté por qué no había una licitación para esas patrullas, nos explicó que no se daba en ese contexto porque había una situación de emergencia en el municipio que obligaba a que se actuara con rapidez y que había un precepto en la ley que daba la oportunidad de hacer la compra sin tener que licitar”, indicó.

La edil sostuvo que no se les presentó con la formalidad debida la cotización, y al solicitarla a Espinoza Robles, se comprometió a hacérselas llegar; sin embargo, no lo hizo, así mismo, les aseguró que los vehículos ya venían equipados como patrullas, por lo que no se iba a incurrir en un gasto adicional.

Sin balizaje

Si bien, al comité de compras y adquisiciones se les presentó un precio de un millón 349 mil 400 pesos por unidad, Ríodoce tuvo acceso a las órdenes de compra que se emitieron a las empresas ganadoras, donde cada camioneta tipo Silverado tiene un precio de un millón 162 mil 600 pesos, y dos unidades Toyota en 577 mil 100. Ningún vehículo contemplaba las adecuaciones para uso policial.

A Premier del Oriente se le compraron dos unidades Toyota el 6 y 30 de diciembre; a Premier Chevrolet se le enviaron 10 órdenes el día 11 del mismo mes, es decir un día después de que sesionara el comité de compras.

Juan de Dios López Rubio informó que para el balizaje de las patrullas adquiridas a Premier Chevrolet fue necesario realizar un pago adicional a la empresa. En el caso de las unidades compradas a Premier del Oriente, las adecuaciones se hicieron directamente en la corporación municipal, por lo que únicamente se invirtió en material.

El juego del deslinde

Édgar Adair Espinoza Robles negó tener conocimiento tanto del procedimiento de compra, como del precio de cada unidad.

“No sé, eso se ve con el departamento de asuntos jurídicos”, dijo.

Si bien, el tesorero le adjudicó la responsabilidad a Daniel Hibraím López Armenta, jefe de asuntos jurídicos del ayuntamiento, este se deslindó y dijo que a él sólo le compete el dictamen de procedencia legal.

Transparencia

Sobre la falta de documentación pública del proceso de compra de las unidades, el director de Egresos, Ricardo Javier Báez, dijo que son “con cifras públicas que cualquiera puede verificar, no obstante, al ingresar a las páginas de Compranet, no hay información disponible del trámite, y en la Plataforma Nacional de Transparencia, aparece la compra, pero no se subieron los documentos de las cotizaciones, contratos, facturas.

ASE concluye que patrullas debieron licitarse

La Auditoría Superior del Estado concluyó en la fiscalización del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Guasave, que la compra de las 10 unidades tipo patrullas a Premier Chevrolet, debió haber sido por licitación pública y no por cotización a cuando menos tres proveedores, por lo que emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa.
“La Auditoría Superior del Estado emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa para que en el caso de que la presente acción no sea atendida en la etapa de seguimiento, la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables”.

Artículo publicado el 7 de septiembre de 2025 en la edición 1180 del semanario Ríodoce.