Observa la ASF anomalías en el ISIFE

Observa la ASF anomalías en el ISIFE

Contrata empresas sin verificar que estén al día con el SAT

El Gobierno del Estado contrató constructoras que presumiblemente no pagaron el IMSS a sus trabajadores y no revisó que cumplieran con sus obligaciones fiscales con el SAT y verificar que no estuvieran impedidas para que las contrataran.

El gobernador Rubén Rocha Moya presumió que, en la primera entrega de la Cuenta Pública de 2024, su gobierno no tuvo observaciones por probable daño económico, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación sí señala posibles irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de constructoras contratadas por el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa.

En el informe de la cuenta pública la ASF menciona que cinco empresas y tres personas morales no registraron sus contratos en el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción del IMSS; y no les revisaron la opinión de cumplimiento fiscal con el SAT.

La ASF indica que, a esas empresas, el ISIFE, dirigido por Hugo Echave Meneses, les adjudicó nueve contratos para obras.

“Con la revisión de 12 expedientes de obras públicas, pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2024, se acreditó que nueve obras no estuvieron registradas en el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual puede derivar en que las aportaciones de seguridad social relacionadas con los trabajadores de la construcción que laboraron en ellas no fueron pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social”, indica el documento.

La ASF solicitó al IMSS un ejercicio de comprobación fiscal para que verifique a las cinco empresas y tres personas físicas a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones.

La auditoría detalla que las empresas son Coperza, S.A. de C.V., Proyección Integral Total, S.A. de C.V., Grupo Constructor de México Tsya, S.A. de C.V., Construcciones y Desarrollo Savarisa, S.A. de C.V., e Infrint S.A. de C.V., pero no da a conocer los nombres de las personas físicas.

Con los números de contratos señalados por la ASF se pudo identificar que dos de las personas físicas que presumiblemente no pagaron el IMSS a sus trabajadores son Denise Acela Salas Cázarez y Juan Carlos Díaz Martínez y el contrato de la tercera persona física no fue localizado.

La ASF menciona que, además, los auditores no pudieron constatar que a las constructoras y personas físicas el ISIFE les revisó la opinión de cumplimiento fiscal del SAT para verificar que no estuvieran en alguno de los supuestos de prohibición de contratación.

En el transcurso de la auditoría, detalla, el ISIFE proporcionó las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria, pero no acreditó haber revisado las opiniones previa contratación.

Por la irregularidad el Órgano Interno de Control y Evaluación en el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente número EXP/OICE-ASF/004/2025, menciona la auditoría.

Las obras que realizaron las empresas y personas físicas fueron en diversos municipios por montos que van desde los 2 millones 931 mil pesos a los 19 millones 548 mil 973 pesos.

Dos de los contratos fueron adjudicados a Denise Acela Salas Cázarez, uno fue para la construcción de la subestación con media y baja tensión en la secundaria Pablo de Villavicencio, en Culiacán, por 2 millones 931 mil 750 pesos; y el otro para la construcción de la tercera etapa del edificio de la Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica y Politécnica del Valle del Carrizo, ubicada en Gustavo Díaz Ordaz, en Ahome, por 19 millones 548 mil 973 pesos.

A Construcciones y Desarrollo Savarisa la contrataron para la instalación del aire acondicionado en el gimnasio y auditorio del Instituto Tecnológico de Culiacán por 8 millones 103 mil 505 pesos; y a Infrint para la rehabilitación y alimentación eléctrica de baja tensión en la primaria Democracia, en Mazatlán, por 3 millones 690 mil 647 pesos.

Para la constructora Coperza el contrato fue por 4 millones 346 mil 699 pesos para la rehabilitación de edificios y obra exterior del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 116, en Palmitas, Angostura; y para Juan Carlos Díaz Martínez para la construcción de un edificio, oficinas administrativas y sala de maestros del Cobaes 130, en Culiacán.

A la constructora Proyección Integral Total la contrataron para la construcción del laboratorio de redes y telecomunicaciones en la Universidad Autónoma Indígena de México, en Mochicahui, El Fuerte, por 6 millones 44 mil 994 pesos.

En su conferencia semanera, Rocha Moya presumió que Sinaloa no tuvo observaciones por probable daño económico por segundo año consecutivo.

“Habla de la transparencia con que se manejan los recursos en el estado de Sinaloa, de eso da constancia la Auditoría Superior de la Federación y estos son informes que se los dan a la Cámara de Diputados, porque es la Cámara de Diputados la entidad que revisa el uso y ejercicio de los recursos que ellos aprueban a través del presupuesto”, señaló.

Artículo publicado el 13 de julio de 2025 en la edición 1172 del semanario Ríodoce

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