El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de un acuerdo por la que se impondría un arancel de 20.91% a la hortaliza

De no renovarse el acuerdo de suspensión con el Departamento de Comercio de Estados Unidos y se aplicara el 20.91 por ciento de aranceles a la exportación de tomate el 14 de julio, en México se verían afectados 700 exportadores y alrededor de 950 mil empleos.

Los cinco organismos mexicanos firmantes de este acuerdo generan ganancias por 2 mil 700 millones de dólares y mueven alrededor de 115 mil camiones con esta hortaliza a la frontera con la Unión Americana, donde dos de cada tres tomates que se consumen son producidos en México. También saldrían afectados.

Y en Estados Unidos el principal afectado serían los consumidores y la red de distribución de esta hortaliza.

El fantasma arancelario

Mario Haroldo Robles Escalante, director de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Caades (Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa), explica que de no renovarse el acuerdo de suspensión entre el Departamento de Comercio y los cinco organismos mexicanos exportadores de tomate, que vence el 14 de julio, Estados Unidos comenzaría a cobrar un 20.91 por ciento de impuestos por la importación de esta hortaliza.

“Si llegamos al 14 de julio y no hay un acuerdo, inmediatamente entraría en vigor el arancel ya determinado y habría que empezar a pagarlo. Esto tiene impactos en México y tiene impactos en Estados Unidos”, expresa.

El impacto en el país sería muy importante, enfatiza, porque dos de cada tres tomates que se consumen en la Unión Americana son de México, lo que significan fuentes de empleos y derrama económica.

“Dos de cada tres tomates que se comen en Estados Unidos son nuestros, son de México, y generan un empleo a alrededor de 400 mil personas en labores de cultivo, cosecha, empaque, etcétera, y también entre personal de las empresas agrícolas que manejan el negocio, ingenieros, técnicos, en fin…”, explica.

La aplicación de este impuesto a la importación, continúa, también tendría un impacto en quienes les venden los insumos, las cajas, los agroquímicos y todos los productos que requieren en agricultura. Afectando a alrededor de 950 mil empleos directos o indirectos.

“Lógicamente al pago de arancel habría que aplicarle el 21 por ciento a esos 2 mil 700 millones que vale la exportación mexicana a Estados Unidos. Por ejemplo, solamente en viajes a la frontera son alrededor de 115 mil camiones que van con tomate de todas partes del país a la frontera de Texas, Arizona y California”, indica.

Y en EU el consumidor sería el principal afectado, por el efecto multiplicador de lo que vale la exportación en la frontera y que se multiplica en casi tres veces su valor.

Un estudio de la Universidad de Texas estima, cita Robles Escalante, que el empleo que genera el tomate dentro de Estados Unidos es de alrededor de 50 mil personas, que en su mayoría están en Arizona y Texas.

“Entonces sí hay un impacto fuerte, pero el más fuerte va a ser en el consumidor al momento de ir al supermercado y no encontrar suficientes tomates mexicanos para su consumo. Evidentemente se va abajo la oferta en una demanda ya establecida, y va a haber un precio más alto que tendrá que pagar el consumidor”, subraya.

El origen

Mario Haroldo Robles Escalante aclara que estos aranceles no provienen de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, sino que es un acuerdo de suspensión que se trae desde 1996, cuando se inició una investigación del dumping del tomate mexicano, y que este acuerdo no es de gobierno a gobierno, sino que es del sector privado de México con el gobierno de EU.

“Encontraron un arancel del 17.56 por ciento. Ese arancel no se aplicó porque firmamos un acuerdo de suspensión. Se llama de suspensión porque suspende el proceso de investigación. Esa investigación no se terminó, sino que se suspendió”, explica.

Desde 1996, ilustra, los 700 exportadores de tomate han estado exentos de pagar el arancel, acuerdo que se renueva cada cinco años

El último acuerdo firmado fue en 2019, da a conocer, que tiene obligaciones por parte de ellos de no vender por debajo de un precio mínimo determinado, pasar por inspecciones obligatorias de calidad en EU, presentar certificaciones trimestrales de sus volúmenes de venta por cada uno de los exportadores.

“El acuerdo no tiene en expediente ninguna violación que justifique la terminación del acuerdo”, apunta.

Pero, recuerda, en 2019 los productores de Florida pidieron al Departamento de Comercio continuar con la investigación suspendida en 1996 y que determinara un arancel definitivo para aplicarlo una vez que concluyera el periodo del acuerdo de suspensión.

El Departamento de Comercio seleccionó exportadores para investigar y llegó a la conclusión original de que el arancel ya no era del 17.56 por ciento, sino de 20.91.

La notificación

Robles Escalante informa que el 14 de abril los cinco organismos mexicanos que firman el acuerdo, recibieron la notificación sobre la conclusión del acuerdo de suspensión el 14 de julio.

“Esos 90 días, entre ayer (lunes) y el 14 de julio corresponden al plazo que el mismo acuerdo tiene… Una de las cláusulas dice que cualquiera de las partes puede terminar el acuerdo dando aviso previo con 90 días de anticipación. Si llegamos al 14 de julio y no hay un acuerdo, inmediatamente entraría en vigor el arancel ya terminado y habría que empezar a pagarlo”, manifiesta.

El cabildeo

El director de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Caades dice que la renovación del acuerdo de suspensión está en manos de las secretarías de Economía y de Agricultura, del Senado de la República, de los gobernadores de los estados donde se producen los tomates, y de los apoyos de los senadores y diputados de Texas y Arizona que han gestionado los exportadores.

Artículo publicado el 20 de abril de 2025 en la edición 1160 del semanario Ríodoce.