María Luisa Aguilar Rodríguez, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que el programa contra la tortura en México omite a los Ministerios Públicos y señaló la ausencia de indicadores para evaluar su efectividad.
Como punto crítico, Aguilar Rodríguez dijo que el programa no establece sanciones adecuadas para los ministerios públicos y policías ministeriales, quienes están completamente excluidos de las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones en temas de tortura.
También alertó sobre la postura de la Fiscalía General de la República por la falta de interés en abordar las fallas dentro de la Fiscalía.
Solo en 2023, México cuenta con más de 4 mil 500 investigaciones abiertas por tortura, lo anterior lo dijo en una entrevista para Aristegui en Vivo.
“En el programa se incluyó una estrategia para sancionar a jueces que no hayan protegido, investigado adecuadamente o denunciado la tortura, pero no se contempla la misma responsabilidad para los ministerios públicos, que son quienes suelen estar más involucrados en los casos de tortura durante las investigaciones”, explicó.
Mencionó que la publicación del programa nacional para prevenir, investigar y sancionar la tortura, es un avance y se encontraba pendiente desde la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en diciembre de 2017.
