Cristina y Janeth, de 10 y 6 años, salieron a jugar como cualquier otro día en la sindicatura de Ruiz Cortines, Guasave, llevando consigo una cobija y un monito de peluche, como solían hacerlo en Guerrero, su lugar de origen. Ambas emigraron junto con sus padres, Gerardo y Janeth, quienes trabajan como jornaleros agrícolas en la región. Sin embargo, el 27 de diciembre del año pasado, personal del DIF las trasladó a una casa hogar sin notificar a sus padres.

De acuerdo con la versión de los padres, la incertidumbre y el miedo se apoderaron de la familia cuando, al no encontrarlas, comenzaron a buscarlas en la comunidad y en el DIF local, donde se les negó tener conocimiento del paradero de las niñas. Fue hasta que pegaron fotos de las menores que recibieron una llamada anónima informándoles que estaban en la casa hogar. Al acudir por ellas, fueron remitidos al Ministerio Público, donde, sin saber leer, se les hizo firmar un documento y se abrió una carpeta de investigación por violencia familiar.

A pesar de que, meses después, no se han presentado pruebas de maltrato hacia Cristina y Janeth, el DIF sigue sin permitir el reencuentro con sus padres.

Una situación similar vivió Ana Lizbeth, de 10 años, quien también fue llevada a la casa hogar el 7 de febrero mientras jugaba en la calle. Sus padres, Prudencia y Silvino son originarios de Oaxaca, no la han visto desde ese día.

Ante estos casos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, informó que ya se abrió un expediente sobre el caso, con la intención de que las familias puedan recuperar a sus hijas pronto.

“No se observó el debido proceso al asegurar a las niñas, porque la familia estuvo buscándolas sin saber quién se las había llevado, incluso con ayuda de los vecinos. Al final, habrá propuestas para evitar que estos hechos se repitan y sancionar a los servidores públicos que no actuaron conforme a la ley”, declaró Loza Ochoa.

Asimismo, criticó la negligencia de las autoridades municipales al no buscar a las familias antes de proceder con el resguardo de las menores, “el interés superior de los niños indica que deben estar con sus padres. No se puede justificar con argumentos de omisión de cuidados o pretextos similares. La autoridad no actuó como debía”, sentenció.