Durante el 2024, los gobiernos del pueblo lanzaron peroratas de ayuda a los pobres, pregonaron sensibilidad social y presumieron asistencia a los desposeídos sin precedente, principalmente para los que carecían de vivienda, pero sin acciones concretas en favor de estas familias con precariedad manifiesta… mientras que, para los poderosos, las puertas del acaparamiento de propiedad se abrieron de par en par, lo mismo que les extendieron los servicios básicos para desarrollar predios propios.

Mientras a los clanes familiares de inmobiliarias se les abrían las puertas del gasto público, los pobres recibían garrotazos y una bota policial omisa para capturar a los agresores disfrazados de una compañía de seguridad privada.

En la invasión Urbi Villa del Rey, al surponiente de Los Mochis, mujeres, jovencitos y niños ocupantes de un predio fueron atacados a golpes, quemadas sus chozas y hostigados por hombres y mujeres violentos. Los ocupantes se replegaron y se defendieron con argumentos, recurriendo a la policía municipal denunciando las agresiones, pero no recibieron respuesta.

Ante los hechos, los violentos tomaron más fuerza e incrementaron los ataques y su intensidad. Los precaristas aguantaron el asedio, y durante horas se reorganizaron para en masa llenar los pasillos de la alcaldía de Ahome y a grito abierto llamar la atención del despacho del alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien ordenó someter a la calma a los precaristas ante la advertencia de que serían movilizados en las calles.

A enero del 2025, la situación es tensa en Urbi Villa del Rey, pero ninguna de las partes se mueve. El caso está a un tris de estallar, pese a que los precaristas fijaron su posición: no queremos regalados ni cuotas, queremos comprar un lote en dónde edificar, y se dijeron prestos a negociar precios y superficies.

Para César Del Pardo Escalante, fundador de la Central Unitaria de Vivienda, la invasión llegó a un acuerdo con los banqueros propietarios del predio: venta directa. Con el acuerdo, los ataques a las familias pobres se detuvieron, pero las negociaciones se han entrampado porque el Gobierno no ha querido intervenir ante los múltiples llamados, negociaciones, mesas de diálogos y demás.

Dijo que el caso de la invasión Urbi Billa se negoció con el Estado y el municipio y se asignaron 130 lotes, y con los bancos se arregló la asignación de una ele en el predio ocupado, además de la adquisición de las casas vandalizadas. “Sin embargo, el acuerdo no está firmado, sino a manera de testimonial, lo que es claramente un riesgo, y que después no salgan con su Domingo 7”.
En ese riesgo están los ocupantes del predio Valle del Agua, en Culiacán, y los de Urbi Villa, en Ahome.

Sostuvo que el Gobierno del Estado intervino en ambos casos comprometiéndose a aportar el 50 por ciento del costo a cambio de que los interesados depositen abonos en la cuenta de ahorros de Cvive. “Eso no es ninguna garantía de que van a cumplir los acuerdos no firmados, porque el interesado puede retirar el dinero en cuanto lo quiera”.

Para el líder con más de tres décadas abanderando causas sociales, el tema de la vivienda popular ha logrado acuerdos con el gobierno del Federal, el Estado y los municipales, pero ante el evidente interés económicos de empresarios voraces, políticos de los partidos y sus representantes como Presidenta, Gobernador y alcaldes, el caso se convulsiona dejando al último y para el arrastre el interés social, es decir, los interesados, los pobres, los precarios.

Del Pardo Escalante consideró que, hasta ahora, todos los gobiernos han sido omisos en el caso y el ejemplo reciente y notable es que la actual presidenta prometió la construcción de un millón de viviendas lo cual es una aberración, pues no conoce de fondo el problema ya que no es de infraestructura, sino de certeza jurídica. “En el país hay 8 millones de casas con problemas, 2.5 millones de esas construcciones están invadidas y un millón están vacantes, es decir, sin asignación”.

Lo que en realidad está haciendo la presidenta es crear una infraestructura para albergar problemas sociales, criticó.

La mayoría de las casas que quedaron abandonadas se convirtieron en refugio de delincuentes, en cuevas del crimen organizado.

En Sinaloa, el problema también es delicado porque existe un déficit de 180 mil viviendas, excluyendo el hacinamiento, la falta de ingresos, de prestaciones, etc. “No, eso es punto y aparte; lo que hay es un déficit para que la gente se meta ya a vivir y salga de las calles”.