La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIP) empezó a sentirse colocada en la antesala de su desaparición, luego que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, dijo a los comisionados de la INAI que es un hecho la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, antes del mes de diciembre.
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Entre los muchos beneficios que traerá la extinción del INAI será el económico, ya que los mil millones de su presupuesto se podrían invertir en política social, becas, escuelas, dijo el también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión a los comisionados que ofrecieron reducir los costos de operación.
La preocupación de los comisionados de la CEAIP se elevó la semana pasada, al grado de emitir un pronunciamiento sobre el tema en la más reciente sesión del Pleno de la semana pasada.
En la sesión de Pleno número 38 la comisionada presidenta Liliana Campuzano Vega dijo que hay que elevar la voz, trabajar en conjunto y trazar líneas de acción colaborativas, para que no sean voces independientes o aisladas las que salgan a defender los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y que la suma de esfuerzos se genere tanto en lo local como en lo nacional.
Pese a que el asunto de la desaparición del INAI había sido un tema en el escenario nacional desde hace meses, no había sido abordado en el Pleno de la CEAIP, el órgano garante de la transparencia y acceso a la información en el terreno local.
Al interior de la CEAIP la inminente desaparición del INAI ha incrementado la incertidumbre de lo que pasará con casi medio centenar de empleados que laboran actualmente en el organismo local, si serán liquidados o transferidos a otros entes públicos como pudiese ser la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Estatal.
La CEAIP justo este mes de noviembre cumplirá 10 años de haber sido creada, a partir del decreto publicado en el 28 de noviembre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa que reformó la Constitución Local.
El nacimiento de la CEAIP, tiene como antecedente la CEAIPES, también llamada Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual fue creada bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aprobada por el Congreso del Estado en abril de 2002.
La reforma de 2018 que dio origen a la CEAIP planteó la creación de un organismo con una autonomía constitucional para garantizar plenamente el acceso a la información pública, ya que la CEAIPES solamente tenía autonomía patrimonial, operativa, de gestión y decisión.
En el dictamen que dio origen al decreto, los diputados argumentaron que el hecho de no dotar de autonomía constitucional a este órgano dejaba en un estado de desigualdad, cuando no en el peor de los casos de subordinación a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública frente a los poderes de estado, así como a las demás entidades públicas obligadas por la legislación en la materia.
“Una plena rendición de cuentas de los servidores públicos garantizada a través de un órgano constitucional, sin ninguna supeditación de los poderes, permitirá avanzar en el abatimiento de la opacidad de la función gubernamental y generará condiciones que faciliten que el ciudadano se convierta en vigilante permanente de las decisiones u omisiones públicas”.
Uno de los argumentos que se han planteado por voces de Morena ante el Congreso de la Unión para la desaparición del INAI ha sido el alto presupuesto que se requiere para su operación. En Sinaloa la CEAIP tuvo para su funcionamiento este año un presupuesto aprobado de 38.8 millones de pesos.
De acuerdo con la estadística de CEAIP al 08 de noviembre de 2024, durante este año se han registrado un total de 13 mil 946 solicitudes de información, lo que representa la presentación de 44.41 solicitudes diarias.
La CEAIP tiene en la misma estadística de 2024 que los grupos de sujetos obligados a los que más solicitudes reciben son los gobiernos municipales (47.16 por ciento), Poder Ejecutivo (32.67 por ciento) y los organismos autónomos con el (14.16 por ciento).
En tanto que los recursos de revisión presentados este año suman los 677. Los sujetos obligados con mayor número de quejas presentadas son el Ayuntamiento de Culiacán (10.19 por ciento), Fiscalía General del Estado de Sinaloa (9.60 por ciento) y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (6.94 por ciento).
El comisionado José Alfredo Beltrán planteó que debe dar el debate y la propuesta en torno a la desaparición de los organismos autónomos, ya que se trata de la defensa de derechos fundamentales que se deben abrazar y defender.
Es partidario en que se alce la voz en la antesala de una gran regresión democrática en la vida pública del país, lo que consideró representara un posible retroceso histórico de décadas.
En tanto que el comisionado José Luis Moreno pugnó por mejorar el sistema que se tiene para que la información sea de más fácil acceso y entendible para todas las personas.
Subrayó que estos derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales deben seguir adelante mediante el aprovechamiento de la experiencia y conocimientos de quienes han trabajado a lo largo de los años en estos temas.
Artículo publicado el 10 de noviembre de 2024 en la edición 1137 del semanario Ríodoce.
