Luego de la separación del cargo de Robespierre Lizárraga Otero, como encargado del despacho de la Rectoría, las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa están obligadas a iniciar su proceso de elección, mediante el voto libre, secreto y directo de la Comunidad Universitaria, aseguró la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa.

Mediante un comunicado de prensa, consideró que la designación de Candelario Ortiz Bueno como nuevo encargado del despacho de rectoría, las autoridades universitarias incurren en una ilegalidad, según lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la UAS.

Explicó que de acuerdo al texto de la Ley Orgánica, el propio Robespierre Lizárraga Otero estaba incurriendo en una ilegalidad al ejercer un cargo sin sustento en la normativa Orgánica, ya que la figura de encargado del despacho, tiene una temporalidad máxima de 80 días al frente de la Rectoría de la UAS

Lizárraga Otero había excedido por mucho los términos que establece la actual y anterior Ley Orgánica de la UAS, dado a que el rector, Jesús Madueña Molina, tiene aproximadamente un año separado del cargo, señaló.

Al no haber sido electo como rector, Lizárraga Otero tampoco tiene sustento jurídico para nombrar a otro encargado de despacho, y menos hacerlo con un secretario general para que lo sustituya, porque ninguno los dos fueron electos en los términos de la normativa interna, expuso.

De acuerdo con el artículo 36 de la misma Ley Orgánica de la UAS, la Universidad está obligada a organizar un proceso de elección, mediante el voto libre, secreto y directo de la comunidad universitaria, proceso mismo que deberá organizar y desarrollar una Comisión de Elecciones y Consultas designada por el Consejo Universitario.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena hizo un llamado a las autoridades universitarias, a no violentar la Ley, ni los derechos del alumnado a recibir una educación superior oportuna, eficiente y de calidad, ni afectar a maestros a quienes quieren obstaculizar su trabajo, ya que será el alumnado y personal docente y administrativo los principales implicados con las afectaciones de un paro de labores.

Dijo que un paro de labores debe ser convocado por quien tenga la legitimidad y legalidad para hacerlo, y no provocado por autoridades ilegítimas, ya que sería un claro y directo atentado a la normativa interna, a las leyes del Estado, así como a la sociedad en general y comunidad universitaria, por lo que los y las diputadas del Congreso del Estado de Sinaloa mantendrán un canal de comunicación abierta, con el fin de contribuir y no obstaculizar el libre ejercicio de los derechos de las y los estudiantes y trabajadores universitarios.