Durante su conferencia matutina a 5 días de culminar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una última carta que envió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el marco de los 10 años de la desaparición, en la que reconoció que hubo avances en la investigación, aunque “no como quisiéramos” al señalar que se continuará con la investigación.
“Va a continuar la investigación, se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía”, dijo, “nunca dejamos de buscar a los jóvenes” señaló.
“Estoy muy contento, acabamos de tratar el tema de Ayotzinapa. Si no nos da tiempo a nosotros de avanzar, me voy con la tranquilidad de que la próxima presidenta, el próximo Gobierno va a darle continuidad y va a seguir actuando con rectitud y haciendo justicia, pero así en todo”, dijo
Apuntó que Gildardo López Astudillo miembro del Cartel Guerreros Unidos, aceptó colaborar como testigo protegido a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, posible integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Aunque con su colaboración se identificaron los restos de dos de los desaparecidos, “no ha sido posible avanzar más porque el personaje, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos”.
“por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los ‘defensores’ de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército“.
Asimismo, contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo Fuerzas Armadas.
“Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada”.
Además, recordó que en su gestión han procesado a 151 personas por el crimen, incluyendo un elemento de la Marina y 16 militares, de los que dos son generales.
Pero expuso que “por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos e, inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa”, el Poder Judicial liberó a 65 personas “bajo el alegato” que habían sufrido tortura.
Con información de Aristegui Noticias
