A casi 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su primer reporte a los padres y madres de los jóvenes en el que exculpó al Ejército mexicano de su presunta participación en el crimen ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, publicó aristeguinoticias.com

El portal de noticias indica que el documento, con fecha del 8 de julio de 2024, fue entregado en medio de reclamos en contra del Ejército por ocultar información relacionada con el caso.

En el texto, AMLO reconoce que el Estado tuvo responsabilidad en el crimen; no obstante, defendió que hasta ahora no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala.

Además, advirtió que los señalamientos podrían tratarse de un intento por debilitar a la institución.

En el informe, AMLO garantiza que se han procesado 20 militares, incluidos generales y oficiales de rango medio, por por presunta omisión y vínculos con la delincuencia organizada.

“El señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.

Sobre la participación de defensores de derechos humanos, AMLO cuestionó que defendieran y celebraran la aprobación de la resolución que permitió la liberación de al menos 60 personas que presuntamente estaban implicadas en la desaparición.

Esto en relación a lo aprobado por Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas bajo el supuesto de haber sido torturadas.

De manera inexplicable, o cuando menos contradictoria, los defensores de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa y los directivos del Centro Prodh, actuaron consciente o inconscientemente a favor de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes, pues como se puede probar, no todos habían sido torturados y varios de ellos sí estaban involucrados en la desaparición de los jóvenes.

Antes de concluir su comunicación, López Obrador resaltó que espera que en su último informe de gobierno, pueda cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos.

“Espero que antes de mi último informe podamos, para satisfacción de las madres, padres y familiares y del pueblo de México, cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido; es decir, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”.
El documento completo:
Primer reporte del Presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero

Ciudad de México, a 8 de julio de 2024

Presentes

Estimadas y estimados familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, madres y padres. Con mucho respeto por su dolor y sufrimiento, y también con apego a mis ideales de hablar con la verdad y actuar con honestidad y justicia, deseo informarles lo siguiente:

Como es sabido, desde el principio de este lamentable caso, las autoridades de ese entonces buscaron, por diversos motivos, ocultar la verdad de los hechos, inventaron la llamada verdad histórica; posteriormente, con la complacencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de organismos internaciones como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos, se involucró a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes, se dejó en libertad a quienes sí son responsables y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen, la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el manejo de la consigna de que fue el Estado y específicamente fue el Ejército Mexicano.

Ciertamente, no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos.

En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y, sobre todo, extranjero.

Mi hipótesis la sostengo en los siguientes hechos:

1. A partir de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa los abogados defensores por parte de los padres y madres de las víctimas, acudieron a la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo en ese entonces secretario ejecutivo Emilio Álvarez lcaza; para solicitar medidas cautelares y en ninguna parte hablaron de la participación del Ejército; inclusive, el día 3 de octubre de 2014, en la resolución en la cual conceden esta medida cautelar sostienen textualmente: “En el marco de los presuntos hechos, los solicitantes afirman que las autoridades estatales habrían actuado con un uso excesivo de fuerza y se habría permitido que ‘un grupo de particulares’ actuaran ‘persiguiendo los mismos intereses que los policías adscritos a la dirección municipal de Iguala, en vista que habrían disparado de la misma forma en contra de los estudiantes. En tal sentido, los solicitantes alegan que la manera en que habrían ocurrido los supuestos hechos sugiere que los particulares armados actuaron de manera coordinada con las autoridades estatales’” (Anexo 1, resolución 28/2014).
2. El 29 de octubre de 2014, los abogados o representantes de las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa se entrevistan con el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, y como resultado de esa reunión la Secretaría de Gobernación, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA y la organización Agustín Pro Juárez, firman, el 12 y 18 de noviembre, un documento de trabajo conjunto y se propone la participación del Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Cabe señalar que estos escritos los suscribieron, entre otros, Lía Limón García, en ese entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mario Patrón Sánchez, del Centro Agustín Pro Juárez, y Emilio Álvarez lcaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA (Anexo 2, Acuerdo para la incorporación de Asistencia Técnica Internacional).