En el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se han acogido 81 sinaloenses
En Sinaloa 42 periodistas y 39 defensores de derechos humanos se han acogido a un mecanismo de protección a causa de agresiones o amenazas por parte de la delincuencia organizada o funcionarios públicos.
Jhenny Judith Bernal Arellano, presidenta del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aseguró que, a diferencia del resto del país, en la entidad las agresiones provienen en mayor medida de integrantes del crimen organizado.
“De los casos que nosotros hemos atendido en el Instituto saltan más (amenazas de particulares).
Algunos vinculados con la delincuencia organizada… A nivel nacional, es el servidor público quien mayormente afecta a periodistas y defensores de derechos humanos”, comentó.
De los 42 periodistas que se han acogido al mecanismo de protección, dio a conocer, 31 son hombres y 11 mujeres, mientras que de los 39 defensores de derechos humanos, 11 son hombres y 28 mujeres.
Bernal Arellano expresó que las medidas de protección a los comunicadores que se han acercado al Instituto, están las asesorías jurídicas, dotación de cámaras de vigilancia, así como rondines y/o protección policial permanente.
De este número de comunicadores, agregó, 28 han tenido que ser enviados fuera del estado.
“Fuera del estado tenemos a 28 periodistas por (haber recibido) agresión o amenazas por su labor periodística”, informó.
Estas amenazas, abundó, provienen en su mayoría por miembros de la delincuencia organizada o de servidores públicos.
Pronunciamientos
La presidenta del Instituto dio a conocer que al gobernador Rubén Rocha Moya se le han hecho dos pronunciamientos a fin de que modere y respete la labor periodística.
“(Tenemos) dos pronunciamientos dirigidos al gobernador para efecto de moderar y dar mayor respeto a la labor periodística. Recientemente con el tema de Iniciativa Sinaloa sacamos un comunicado al respecto”, ofreció.
De acuerdo a Iniciativa Sinaloa, “desde diciembre de 2022, al menos en cinco oportunidades el mandatario ha difamado a la organización; en la ‘semanera’ del 29 de enero, de nuevo la acusó sin ningún fundamento de ser opositores políticos y ‘enemigos de su gobierno’, con lo que pone en riesgo a la asociación y sus integrantes”.
Ante estos “ataques verbales” por parte del mandatario estatal, Iniciativa Sinaloa acudió al Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para solicitar medidas preventivas de protección y la apertura de un expediente.
En agosto de 2023 el Instituto pidió a Rocha Moya respetar la labor periodística y no expresarse de manera negativa de los reporteros.
En febrero de 2023 tanto Artículo 19 como Iniciativa Sinaloa demandaron al ejecutivo del estado abstenerse de estigmatizar a la prensa, a la que ha llamado en sus conferencias semanales como “vendidos”, “exagerados” y “estar buscando a ver dónde encuentran algo” en contra de su gobierno.
Y en octubre de 2023 Rubén Rocha Moya trató de una manera despectiva a la reportera Martha Liliana Castro, de Línea Directa, cuando esta lo cuestionó acerca de apoyos a damnificados.
Agresión contra reporteras
Jhenny Judith Bernal Arellano se refirió a que la violencia y agresiones en contra de los periodistas, sobre todo en mujeres, se ha naturalizado y no se visibiliza en el gremio.
“Las mujeres no visibilizan ciertas actitudes como violencia, cuando realmente lo son, porque la tenemos muy naturalizada. Están la costumbre, la tradición, en cierta formas de trato, que las consideramos normales cuando realmente no lo son”, subrayó.
Las críticas
La presidenta del Instituto expresó que no es ella la que tiene que decir si este ente protector sirve o no sirve, sino aquellos que se han acogido a este.
“Quienes tendrían que decir si el instituto cumple son nuestros beneficiarios. Ellos son quienes realmente han sentido nuestra acción en favor a sus demandas. Yo creo que ellos deberían de ser”, argumentó.
Esto debido a los comentarios del gobernador Rubén Rocha Moya en el sentido de que con este ente autónomo, fueron “condescendientes” para su creación.
“Difícil cuando nosotros tenemos como obligación no dar nombres, no dar circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión. Es muy complicado. Finalmente tenemos la esperanza que el buen trato que reciben y las atenciones que se han tenido lleguen a permear en algún momento y puedan generar esa credibilidad que el instituto requiere para poder operar”, expresó.
Autonomía
Lejos de buscar la desaparición de los organismos autónomos, consideró, se debe buscar su autonomía presupuestal, sobre todo la de aquellos que tienen como labor la protección de otras personas.
“Tiene que haber autonomía presupuestal, que no dependa de la voluntad política el presupuesto de un ente que tiene como labor la protección de otras personas, sino que exista una verdadera autonomía”, subrayó.
Artículo publicado el 11 de febrero de 2024 en la edición 1098 del semanario Ríodoce.