Vinculó a proceso penal al rector Jesús Madueña, al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y a los ex alcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum, quien vinculó a proceso al rector y al ex rector de la UAS y a los ex alcaldes de Culiacán y Mazatlán, fue propuesto para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Salazar Gastélum ha sido señalado de ser un juez a modo y de estar impedido para ejercer como juzgador por presuntamente ser ministro de culto.

El martes pasado, el Congreso del Estado recibió un oficio del Consejo de la Judicatura del Estado, presidido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel.

El documento contiene las propuestas para cubrir las vacantes de los magistrados Claudio Raymundo Gámez Perea y José Antonio García Becerra, que dejan el Poder Judicial por retiro.

Para la magistratura de Gámez Perea, el Poder Judicial propuso en la terna a Abigail Noriega Félix, Felipe Alberto Valle Nieblas y a Karla Patricia Zatarain Delgado.

Para la magistratura de García Becerra las propuestas son Irma Guadalupe Gutiérrez López, Adán Alberto Salazar Gastélum y Gustavo Quintero Espinoza.

De Salazar Gastélum señala que es abogado por la UAS, maestro en derecho por la Escuela Libre de Derecho y tiene 20 años de antigüedad en el Poder Judicial ocupando diversos cargos, el más reciente como Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en la región centro, desde el 13 de junio de 2016 a la fecha.

Adán Alberto es el juez que ha llevado los casos más polémicos de los últimos años en el estado. Él fue quien vinculó a proceso penal al rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina; al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera; a los ex alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; y a los ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Mario López Valdez.

Al ex alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, lo vinculó a proceso penal por abuso de autoridad y discriminación de las viudas de policías en junio de 2022.

En octubre del mismo año lo vinculó por otra causa penal, por la contratación sin licitación del arrendamiento de camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos.

Un año después, un juez de distrito dejó insubsistente el auto de vinculación, y en una nueva resolución, Adán Alberto volvió dictar el auto de vinculación.

En junio de 2023 Adán Alberto vinculó a proceso al ex alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres; y al ex tesorero, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, por la compra de siete vehículos para regalarlos en un festejo del Día de las Madres.

En agosto el mismo juez vinculó a proceso al ex alcalde por comprar sin licitación luminarias a la empresa Azteca Lighting por más de 400 millones de pesos.

Junto con el Químico Benítez están involucrados el ex director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio; el ex Oficial Mayor, Javier Lira González; y el ex secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.

En el caso de los malovistas, vinculó a proceso al ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix; el ex jefe de Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda; y el ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos, Armando Trujillo Sicairos.

Los tres estaban acusados de realizar una licitación a modo para la construcción del Tiburonario de Mazatlán, que colapsó y que causó un daño al erario de 34 millones de pesos, según la Fiscalía General del Estado.

La causa penal se cerró después de que el juez aprobó un acuerdo reparatorio en el que los imputados pagaron como reparación del daño la compra e instalación de cámaras para el pinguinario con valor de 717 mil pesos.

En agosto de 2023 empezaron los procesos penales contra el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina; el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera; y los integrantes del Comité de Adquisiciones.

Ese mes, Adán Alberto vinculó a proceso a Madueña Molina por el delito de abuso de autoridad por presuntamente negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.

En septiembre, dictó otro auto de vinculación contra Madueña Molina, Guerra Liera y los integrantes del Comité de Adquisiciones por la compra de tortillas por 45 millones de pesos; y en noviembre, volvió a vincularlos por la compra de carne de res y pollo por 67 millones de pesos.

En una de las audiencias celebrada en agosto, los defensores de Madueña Molina dieron a conocer que Salazar Gastélum es ministro de culto religioso.

En la audiencia dijeron que de acuerdo con la solicitud de registro de la agrupación denominada Iglesia Cristiana Manantial de Vida para constituirse como asociación religiosa presentada en la Secretaría de Gobernación en 2013, el juez aparece como ministro.

Detallaron que en 2021 se dio de baja como ministro de culto, y para poder ejercer como juez debieron pasar dos años.

Durante la audiencia, los abogados preguntaron al juez si era ministro de culto y solo respondió que no había impedimento.

En diversas ocasiones Madueña Molina lo ha acusado de ser un juez a modo que sirve a los intereses del gobernador.

“Es un juez que les hace caso en todo, por eso lo pusieron a él”, dijo en julio del año pasado antes de que se celebrara la primera audiencia.

Los procesos contra Madueña, Guerra Liera y el Comité de Adquisiciones, Adán Alberto fue el juez que los inició, pero después ya no continuó en ellos.

Tras las vinculaciones, en las siguientes audiencias el juez que las ha celebrado es Carlos Alberto Herrera.
El ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro promovió un juicio de nulidad contra el juez, por considerar que no puede ser juez al ser ministro de culto.

“Promoví un incidente de nulidad, yo, contra el juez porque es un ministro de culto que no puede ser juez a la vez y aun así sigue actuando, incluso en caso de que renunciara, que puede renunciar a ser ministro, para ser juez tienen que pasar tres años”, dijo.

El martes pasado, la mesa directiva del Congreso del Estado dio lectura a las ternas enviadas por el Consejo de la Judicatura y las turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y a la de Justicia.

Las personas propuestas deberán comparecer ante los diputados antes de que el pleno elija a los nuevos magistrados.

Artículo publicado el 04 de febrero de 2024 en la edición 1097 del semanario Ríodoce.