Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sinaloa, la cual garantiza la indemnización del daño patrimonial que haya sido causado por el Gobierno del Estado o municipios en contra de particulares.

La nueva ley beneficiará a particulares que sufran daños por parte del Gobierno del Estado, a través de sus distintas dependencias, así como por los ayuntamientos, y se les pagará de manera objetiva y directa.

De acuerdo al texto de la nueva ley, cuando las autoridades le causen un daño material o de cualquier otra naturaleza a un particular, éste podrá interponer un recurso de reclamación mediante proceso que se establece en la misma ley y mediante el cual se establece el monto de la indemnización.

Este procedimiento ya está regulado en la Ley de Justicia Administrativa, pero por mandato constitucional se debe establecer en una ley propia, razón por la cual se expide la presente.

En esta nueva ley se establece que cuando los daños sean atribuidos al actuar de servidores públicos, éstos deberán cubrir el monto que el Gobierno del Estado o los municipios hayan indemnizado al particular.

Para la elaboración de este dictamen se tomaron en cuenta tres iniciativas, una de las cuales presentó el ciudadano Luis Antonio Fonseca, otra el diputado Sergio Mario Arredondo Salas, y la tercera el Grupo Parlamentario de Morena.