A casi dos años de su gestión como Fiscal, siguen los altos niveles de impunidad y casos de alto impacto sin resolver

Durante la gestión de Sara Bruna Quiñonez Estrada en la Fiscalía General del Estado, en el 79 por ciento de las carpetas resueltas no habrá justicia por que fueron concluidas por una forma distinta a la judicialización.

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De acuerdo con estadísticas de la FGE proporcionadas vía Ley de Acceso a la Información, solo el 20 por ciento de las carpetas fueron llevadas ante un juez y el 1 por ciento fue declinada por incompetencia a otra autoridad.

Las estadísticas de carpetas de investigación terminadas entre 2022 y mayo de 2023, indican que, en ese periodo, la FGE concluyó 24 mil 813 carpetas.

Del total, 10 mil 954 fueron enviadas al archivo temporal, en 8 mil 181 se determinó el no ejercicio de la acción penal, 529 por incompetencia y solo 5 mil 149 fueron judicializadas.

En el mismo periodo, la FGE obtuvo 2 mil 138 vinculaciones a proceso, 156 sentencias condenatorias y dos absolutorias.

Quiñonez Estrada llegó a la FGE en noviembre de 2021, después de que Juan José Ríos Estavillo dejó el cargo por solicitud del entonces gobernador electo, Rubén Rocha Moya.

Tras la salida de Ríos Estavillo, el Consejo Estatal de Seguridad Pública inició el proceso para selección de Fiscal, señalado de tener línea de Rocha Moya para favorecer a la jueza en retiro.

Durante su comparecencia ante integrantes del CESP, llamó a todas las instituciones involucradas y a la sociedad en general para combatir la impunidad y la corrupción.

“Ha aumentado la impunidad y la corrupción, la impunidad y la corrupción son el cáncer que está flagelando al estado de derecho, está carcomiendo sus bases, es urgente, es necesario, es indispensable que todos nos involucremos en esto, y yo, de llegar a la Fiscalía si soy favorecida con ello, convocaría no solo a todos los organismos que por la Ley de Seguridad están comprometidos en esos temas, sino a la sociedad en general; es responsabilidad de todos, debemos trabajar en ese sentido si no vamos a llegar al momento en el que haya una barbarie”, dijo.

De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante el 2022 en la entidad la incidencia en algunos delitos presentó altos porcentajes de impunidad por arriba del 93 por ciento, representando un pendiente institucional.

Las estadísticas de la FGE señalan que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la única área que no resolvió ninguna carpeta de investigación.

Los datos establecen que la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos es la que tiene el índice más alto de carpetas enviadas al archivo y el menor índice de judicializaciones.

En esa unidad resolvieron 5 mil 109 carpetas, de las cuales el 92 por ciento fueron concluidas enviándolas al archivo, apenas el 1 por ciento fue judicializada, el 2 por ciento no ejercicio de la acción penal y el resto fueron declinadas por incompetencia.

Las otras agencias que tiene los niveles más bajos de judicialización son la Especializada en Investigación en Desaparición Forzada y en Delitos Patrimoniales.

Por Desaparición Forzada resolvieron 429 carpetas, de las cuales solo el 2 por ciento fueron judicializadas, en el 79 por ciento dictaminaron el no ejercicio de la acción penal, el 11 por ciento fueron enviadas al archivo y el resto declinadas por incompetencia.

La Unidad Especializada para Investigar los Delitos contra el Patrimonio de las Personas terminó 5 mil 471 carpetas, el 77 por ciento enviándolas al archivo, el 9 por ciento judicializadas y el 10 por ciento por no ejercicio de la acción penal.

En su informe de 2022 la Fiscal señaló que ese año se lograron resultados importantes, “pero estamos conscientes del reto de continuar trabajando para consolidarnos como una institución confiable, cercana, moderna y de resultados para la gente. Estamos en la ruta del cambio para mejorar. Con firmeza, seguiremos haciendo frente a nuestra responsabilidad de recuperar la paz y tranquilidad, trabajando de la mano con las víctimas del delito con el ánimo de erradicar la injusticia social en el Estado de Sinaloa.
Señaló que la FGE aspira a ser una institución capaz, eficiente y transparente.

En su primer año, los indicadores de carpetas archivadas con Quiñonez Estrada se mantuvieron similares a los del último año de Juan José Ríos Estavillo y el de judicialización tuvo un alza de 5 por ciento.

En 2021, con Ríos Estavillo, del total de carpetas resueltas el 43 por ciento fueron por archivo y solo el 16 por ciento judicializadas; y con Quiñónez Estrada, el 41 por ciento fueron archivadas y 21 por ciento judicializadas.

Desde la llegada de Quiñonez Estrada, la FGE ha iniciado carpetas de investigación por hechos de alto impacto que no han sido resueltas.

Entre esos casos se encuentra el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, en el que la Fiscal cometió su primera gran pifia, al acusar a una mujer que no podía ser llevada a proceso penal.

El comunicador fue privado de la libertad el 4 de mayo de 2022 y encontrado asesinado un día después, en el ejido El Ranchito, en Culiacán.

La FGE detuvo a Brysia Carolina “F” por encubrimiento por favorecimiento por presuntamente ocultar evidencias, pero en enero de este año el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso porque ella no puede ser llevada proceso penal debido a que es concubina de uno de los hombres que presuntamente cometió el homicidio.

Los presuntos homicidas fueron identificados como Jorge Ernesto Gómez Galván y Samuel Rodolfo Velarde por quienes la Fiscalía ofrece hasta un millón de pesos.

Un año después del crimen, Quiñonez Estrada culpó a la sociedad y a los medios de comunicación de no colaborar y proporcionar información sobre el paradero de los responsables.

Entre los crímenes pendientes de resolver, también se encuentra el de la madre buscadora Rosario Lilián Rodríguez, asesinada el 30 de agosto en Elota, cuando regresaba de una misa para recordar a su hijo en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La FGE además tiene sin resolver el asesinato del policía Juan Manuel Silva Alvarado, cometido el 6 de agosto de 2022, horas después de que asumió el cargo de subdirector de la Policía Municipal de Culiacán.

El 21 de abril de este año, localizaron asesinado en el río Humaya al bailarín, Maximiliano Corrales, y hasta la fecha su crimen también sigue impune. A pesar de las manifestaciones, familiares aseguran que no hay avances en las investigaciones.

Artículo publicado el 24 de septiembre de 2023 en la edición 1078 del semanario Ríodoce.