Descartan vínculos entre normalistas y el crimen organizado, durante Segundo Informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 27SEPTIEMBRE2023.- Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en la Secretaria de Gobernación.
FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Durante la presentación del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a propósito del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Alejandro Encinas destacó que se trató de un “crimen de estado” y descartó que existieran vínculos entre los estudiantes y el crimen organizado.

Asimismo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, afirmó que de acuerdo a la información y elementos que se tienen hasta el momento, se concluye que elementos de la Sedena sí tuvieron participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Las conclusiones del Segundo Informe de la Covaj refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Por lo “que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas; por la participación de las corporaciones; porque manipularon evidencia; porque obtuvieron declaraciones bajo tortura; porque protegieron a los servidores que participaron en los hechos y mintieron a la sociedad”, agregó Encinas.

El Covaj concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los normalistas los cuales, anotó Encinas, podrían no ser excluyentes entre sí.

En un primer instante, una confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos”, u grupo contrario, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.

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Segundo, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y Guerreros
Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.

Y, en tercer lugar, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los normalistas.

Por otro lado señaló que se identificaron 434 actores relevantes que participaron tanto en la desaparición de los estudiantes en 2014 como en la construcción de la “verdad histórica”, de los cuales 109 pertenecían a la delincuencia organizada, 125 a policías municipales de la región, 35 del Gobierno estatal, 12 de Gobierno municipal, 39 de las Fuerzas Armadas, 36 del Gobierno federal y 78 otros.

De ellos, 22 elementos de la Sedena, principalmente del 27 Batallón de Infantería.

Además de esto, hay 51 órdenes de aprehensión pendientes y tres solicitudes de extradición, entre las cuales se encuentra Tomás Zerón.

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