El abogado General de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero; y el Secretario de Administración y Finanzas, Salvador Pérez Martínez, promovieron amparos para no entregar sus declaraciones patrimoniales a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y contra la tipificación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El abogado y el responsable de las finanzas de la universidad solicitaron los amparos por separado en el Juzgado Segundo de Distrito; y les fue negada la suspensión provisional.

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Ambos forman parte del grupo de funcionarios, entre ellos el rector Jesús Madueña Molina, que son investigador por la UIPE.

“En el capítulo correspondiente a los actos reclamados, la parte quejosa señaló como tal la iniciativa, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto número 600, publicado en el periódico oficial de Sinaloa en el número 046, de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, así como la solicitud de rendir informe de sus declaraciones patrimoniales, siendo este el primer acto de aplicación del cual se duele la parte quejosa”, indica la resolución del juez.

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El decreto 600 que reclaman es el que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía para tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y faculta a la UIPE para investigarlo.

El juez señala que de conceder la suspensión que solicitaron se afectarían el interés social y disposiciones del orden público, pues se entorpecería la investigación correspondiente.

Funcionarios de la UAS y el ex rector, Juan Eulogio Guerra Liera, acumulan 10 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado.