José Ramón Bonilla Rojas, director de la Facultad de Derecho Mazatlán, negó que fuera desechada una suspensión provisional al secretario de Finanzas y presidente de Comité de Adquisiciones de la UAS, Salvador Pérez Martínez derivado de que él pedía no entregar la declaración patrimonial.

Señaló que lo que se está impugnando dentro de la demanda de amparo interpuesta por Pérez Martínez es que los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPE), dependiente de la Fiscalía General del Estado, están bajo sospecha de inconstitucionalidad, derivado de que fueron hechos con anterioridad a una denuncia o querella, lo cual está prohibido por la propia Carta Magna.

Asimismo el integrante del Cuerpo de Abogados de la Casa Rosalina señaló que la Fiscalía incurrió en una práctica proscrita por la misma Constitución, además de que la información que se menciona en las notas periodísticas está sesgada, pues incluso el encabezado de las notas nada tiene que ver con lo que están exhibiendo ahí y lo que resolvió el juez.

“Tampoco es motivo de nota periodística que la demanda de amparo fue admitida, es decir, que lo del actuar de la UIPE, de la Fiscalía, del Gobernador, del Gobierno Estatal y del Congreso están bajo la lupa de un juez federal porque se admitió la demanda de amparo. Es cierto, el juez dijo niego la suspensión provisional porque considero que se puede afectar el interés colectivo, pero debo decirle algo, esa suspensión provisional no es definitiva”, dijo.

Destacó que dicha situación ya está siendo impugnada mediante un recurso de queja que está conociendo ya el Tribunal Colegiado en Materia Penal de 12 Circuito, con sede en Culiacán.

El académico universitario indicó que todo lo demás tiene que ver o con la ignorancia o con una mala intención para mal informar a la opinión pública.