El gobierno de México gana en una corte de Apelaciones de Miami, que le dio la razón en la demanda civil contra Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, y otros socios, por lavado de fondos “robados”.
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano interpuso ante los tribunales del condado de Miami-Dade la demanda en la que acusa a García Luna de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados” por unos 700 millones de dólares.
La demanda incluye a la esposa de García Luna, Linda Pereyra, así como a la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López. Sin embargo, los Weinberg y otros implicados apelaron, señalando que este caso debía juzgarse en Miami.
El caso quedó suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera sobre la procedencia o no de la impugnación.
Sin embargo, un juez de Miami, y ahora la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida determinaron que la razón asiste al gobierno mexicano, por lo que el proceso puede continuar y en determinado momento llegar a juicio.
Esta demanda civil es aparte del juicio penal en el que García Luna, detenido en Dallas, Texas, en 2019, fue declarado culpable, en febrero pasado, de cinco delitos, cuatro de ellos por tráfico de drogas, y uno por mentirle a la autoridad migratoria.
En el documento, la esposa de García Luna es señalada como “participante principal” de una “compleja” red que usó empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Además del matrimonio García Luna, la demanda del gobierno mexicano incluye a seis socios del exfuncionario mexicano como presuntos lavadores del dinero robado. Se trata de Mauricio Samuel Weinberg López; su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg; el hijo de ambos, Jonhathan Alexis Weinberg Pinto, así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Miembro.
La demanda señala que García Luna encabezó esta trama para “robar” fondos del gobierno de México por medio de “contrataciones ilícitas” y luego “blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares” con la ayuda de sus socios, que se dedicaban principalmente a la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con “una extensa red de socios” a través de la que obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano “por cientos de millones de dólares”, según la demanda.
En la demanda se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el gobierno ha dicho que son 700 millones.
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