Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dio a conocer que el Gobierno federal atiende a 936 víctimas directas e indirectas a 14 años de la tragedia de la Guardería ABC y que espera que este 2023 termine la reparación integral del daño.
El Subsecretario de Derechos Humanos detalló que el Gobierno federal atiende a todas las víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2009; se trata de 936 personas; del total, 16 por ciento son víctimas directas, las y los 49 niños fallecidos; 104 niñas y niños lesionados y hospitalizados; así como a 783 que comprenden a padres y madres y núcleos familiares extendidos.
“Esperemos que este año cerremos el capítulo de reparaciones integrales independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto se cumplirán para todas las víctimas consideradas”, dijo Encinas durante al conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Encinas señaló que la reparación integral se ha integrado en cuatro componentes a través de distintas instituciones públicas: recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 víctimas directas e indirectas, particularmente a menores fallecidos y lesionados; 327 resoluciones a favor de los núcleos primarios y extendidos de 144 víctimas directas para que reciban servicios de psicología, atención médica y trabajo social; apoyo de estímulos educativos a 285 jóvenes; y pago de consumo de energía eléctrica, seguro de salud para las familias, medidas equivalentes a la pensión garantizada, y las prestaciones de salud.
“Todas las familias de las víctimas directas cuentan con alguna forma de reparación”, afirmó.
También explicó que el Gobierno de Sonora brinda apoyos de estímulos educativos a 285 jóvenes que también se vieron afectados, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga becas de educación, seguros de salud y apoyos para pensión.
Por su parte Zoé Robledo, director del IMSS, recordó que dos exfuncionarios del Instituto fueron detenidos y vinculados a proceso a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020.
Asimismo señaló que que el Instituto para el que labora otorgará pensiones y atención médica vitalicias para las víctimas, así como becas de educación superior.
