Se requiere impulsar la creación de defensorías públicas locales especializadas a nivel nacional, toda vez que es fundamental garantizar la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante los actos u omisiones de las autoridades, expusieron panelistas.

Coincidieron en lamentar que solamente cuatro estados cuentan con esta figura constitucional para brindar los servicios de asesoría a los sectores en desventaja.

Lo anterior se expuso durante el desarrollo de la mesa cuatro, dedicada a la defensoría de los derechos políticos electorales de los grupos en desventaja en el Diálogo Regional entre Legislaturas y Magistraturas Electorales Locales de Cara al Proceso Electoral 2024, organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa y la AMMEL.

Desde la perspectiva política legislativa, el diputado de Morena José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa, subrayó la labor de las legislaturas para fortalecer la protección de estos derechos. “El Estado debe proteger los derechos humanos porque están contemplados en la constitución”, dijo.

Reflexionó sobre las tres narrativas del Estado que históricamente existían en México, citando el enfoque del comunismo, el fascismo y el liberalismo al recordar que después de la caída del Muro de Berlín solamente quedo la narrativa del liberalismo.

Explicó que en ese contexto surge la necesidad de la protección de los derechos de la ciudadanía. Lo anterior, dijo, fue planteado por Thomas Marshall, autor que plasmó la idea de los derechos sociales.

El diputado precisó que Marshall propuso un principio de protección social y económica para que los individuos más vulnerables, por efecto de la desigualdad económica y social, pudieran obtener el respeto debido y el trato digno que les corresponde como ciudadanos, lo que dio pauta al nacimiento de los organismos defensores de derechos humanos y la creación del Instituto Nacional Electoral en México.

La diputada del PRI Ivón Salazar Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado de Chihuahua, sostuvo que la justicia electoral se lleva a cabo en un submundo donde no cualquier jurista se adentra. “Al llegar a mi curul fue gracias a los tribunales electorales, y la paridad obedece a una lucha histórica por los derechos que se nos ha negado a las mujeres durante siglos”, comentó.

Precisó que la justicia electoral tiene la cualidad de una profesionalización técnica tan especial que mucha gente no sabe que sus derechos han sido afectados. “Hoy sabemos que la violencia política hacia la mujer va desde actos de acoso e invisibilización que afectan su desarrollo psíquico y profesional en el ejercicio de sus funciones”, subrayó.

Recordó que el 30 de junio de 2022 el Consejo Electoral de Chihuahua designó a la ciudadana sinaloense Perla Lyzette Bueno Torres, como la titular de la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense, para cumplir con lo que mandata la misma Constitución.

Desde la perspectiva juzgadora, Idamis Pastor Betancourt, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Puebla y vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (AMMEL), recordó que el artículo primero de la Constitución contempla y protege los derechos humanos, y el artículo 17 establece la defensoría de los ciudadanos.

Sin embargo, lamentó que tales disposiciones no tienen alcance para incluir a todas las personas en el ejercicio de sus derechos político-electorales puesto que el gobierno solo garantiza defensorías en competencias civil, fiscal, penal, administrativa y asuntos migratorios, donde se atienden también a personas con discapacidad y en asuntos laborales. “No hay defensorías en materia política electoral en todo México”, precisó, al recordar que esta figura solamente se encuentra con reconocimiento legal en cuatro entidades del país.

Para cubrir y garantizar este derecho humano, comentó, se creó la defensoría para pueblos y comunidades indígenas, pero únicamente para este sector en desventaja, y se ha ampliado el catálogo pero todavía no cubre a todas y todos los ciudadanos en materia político electoral a nivel nacional.

Desde la perspectiva defensora, participó Sandra Araceli Vivanco Morales, pionera en el tema y titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, primera defensoría de derechos político electorales creada en México, cuyo éxito inspiró la creación de cuatro instancias similares en el país.

“En cuatro años hemos brindado asesoría a 4 mil 017 personas y no atendemos partidos políticos, sino únicamente a la ciudadanía, sobre todo en aquellos casos donde las autoridades son omisas y el ciudadano siente afectados sus derechos políticos, electorales y de participación ciudadana”, explicó.

Felicitó al Congreso de Sinaloa al conocer que existe la iniciativa de crear esta instancia en Sinaloa. “Los derechos político-electorales son derechos humanos y con esta figura se cumplirán los principios constitucionales de tutela efectiva para el ejercicio pleno de estos derechos”, afirmó.

En su intervención enfatizó que este rezago es un reto vive México para garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos político-electorales.

Al frente de la relatoría, Margarita Concepción Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, y presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (AMMEL), dijo que uno de los más importantes desafíos rumbo al proceso electoral 2024, es la carencia de esta figura en todos los estados de México.

Citó el caso de las personas en prisión preventiva que en esta elección van a poder votar, al lograr la defensa de sus derechos.

Sostuvo que es fundamental impulsar la creación de defensorías públicas en materia de derechos políticos y electorales a través de los congresos locales tomando en cuenta también las necesidades presupuestales, para garantizar el acceso a la justicia a toda la ciudadanía, sobre todo a quienes están en desventaja.