En un reporte de mayo de 2020, hackeado a la Sedena, el Ejército concluye que el actual Embajador de México en España y el exfiscal Ríos Estavillo no tenían “voluntad ni disposición para trabajar y operar en el estado en materia de seguridad pública y delincuencia organizada“
“El Gobernador del estado no invierte en seguridad, parte del presupuesto lo ejerce en otros rubros. El Gobernador es empresario, tiene 3 hoteles en Mazatlán y le interesa más el sector hotelero”, afirmó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, el 20 de mayo de 2020.
En ese entonces el gobernador de Sinaloa era Quirino Ordaz Coppel, actual Embajador de México en España.
Las expresiones del responsable de la seguridad en el estado forman parte de un reporte enviado por la Subjefatura Operativa del Estado Mayor de la Sedena, hackeado por el colectivo Guacamaya, y que da cuenta de los temas abordados durante reuniones con Castañeda Camarillo, así como con el entonces Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, y el delegado de la Fiscalía General de la República, Víctor Manuel Martínez Mendoza.
Al final del informe que evaluó a los funcionarios de seguridad, y en el que también Martínez Mendoza cuestionó el trabajo de Ríos Estavillo, de los jueces y las policías estatal y locales, el Ejército concluye que en base a la información obtenida “se considera que no hay voluntad ni disposición para trabajar y operar en el estado, por parte del Gobernador y del Fiscal General del Estado en materia de seguridad pública y delincuencia organizada”.
El desempeño de Quirino en materia de seguridad, expuesto por la Sedena, no impidió que un mes antes de concluir su administración en 2021, el presidente López Obrador lo invitara a formar parte de su gabinete como Embajador de México en España, lo que finalmente ocurrió en marzo de 2022 cuando fue ratificado por el Congreso.
Las críticas de Castañeda a Quirino
El reporte de la Subjefatura Operativa titulado “Visita a Culiacán, Sinaloa”, fechado el 20 de mayo de 2020, detalla en 22 puntos la entrevista con el Teniente Coronel de Infantería Cristóbal Castañeda Camarillo, quien llegó a la administración de Quirino Ordaz el 1 de enero 2017 como subsecretario de Seguridad, y el 5 de diciembre de 2018 fue nombrado secretario, cargo en el que fue ratificado en octubre de 2021 por Rubén Rocha Moya, por recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el correo se destaca que el responsable de la Policía Estatal cuestionó entre otros temas, la falta de inversiones en equipos de seguridad, como cámaras de videovigilancia y radiocomunicación, falta de policías y adeudos de pagos a la Policía estatal por parte del gobernador.
“En el año 2017 fue la última inversión en cámaras y radiocomunicación, mermándose paulatinamente la operatividad de estos sistemas, por falta de mantenimiento. Faltan repetidoras de radio. El Gobernador del estado no invierte en seguridad, parte del presupuesto lo ejerce en otros rubros”, se resume en el punto 11 sobre lo señalado por el secretario estatal.
Castañeda Camarillo también se quejó de la falta de elementos: “el año pasado se graduaron 76 policías estatales, los cuales no se ha autorizado su contratación por parte del Gobernador del Estado. Por tal razón han realizado manifestaciones”.
“Adeudos del Gobernador con la Policía Estatal: 4 meses de gasto corriente, 2 meses de sueldo de policías (compensación de 4,500 pesos por persona), más de 4 millones de pesos por adeudo de combustible. El Gobernador es empresario, tiene 3 hoteles en Mazatlán y le interesa más el sector hotelero”, se resumen en los puntos 19 y 20 del reporte.
Y agrega: “
Existe un mermado estado de fuerza en seguridad pública”.
Añade que de los tres helicópteros con que cuentan, uno lo utiliza el gobernador, otro es para emergencias y sólo uno es operativo.
De acuerdo a un estudio de Causa Comun, de 2018 a abril de 2022, en Sinaloa se registraron 10 manifestaciones de policías, siendo la entidad con el mayor número de protestas de agentes a nivel nacional en dicho periodo.
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa también señaló que desde el primer “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, se redujo la ayuda y la presencia de la FGR en Sinaloa, e incluso les “retiraron el apoyo de un helicóptero Bell 212”.
Y criticó a Ríos Estavillo: “El Fiscal del Estado es muy protocolario y poco práctico. No interviene en temas de seguridad”.
‘Jueces tienen miedo, pavor’ y ‘existe una cultura de protección hacia el delincuente’, dice delegado de la FGR
En el informe, el delegado de la FGR en Sinaloa, Víctor Manuel Martínez Mendoza, quien sigue actualmente en el cargo, señaló a la Sedena que en el estado “existe una cultura de protección hacia el delincuente”, y que “los jueces tienen miedo, pavor”.
“Al solicitar órdenes de cateo, (los jueces) tratan de eludir y piden todos los datos posibles, con la intención de no otorgarlas. Temen represalias. Dificultándose el trabajo judicial.”
También hizo alusión a la dificultad de colaboración con el entonces fiscal Juan José Ríos Estavillo.
“El Fiscal del Estado es especial para trabajar. No le entra y a veces no le da vista al delegado de la Fiscalía General de la Republica.”
En los 12 puntos de la relatoría de la Sedena, se señala que el funcionario de la FGR refirió también que en el estado la Policía estatal y municipal “no son respetadas por la ciudadanía, solo el Ejército, Guardia Nacional y Marina”.
Y que uno de los principales problemas para trabajar “es que no hay denunciantes, se requiere más inteligencia”.
Ríos Estavillo, no es ‘confiable’
Para la Subjefatura Operativa de la Sedena, la entrevista con el Fiscal Juan José Ríos Estavillo mostró que no es confiable.
“Fue preciso y enfático, indicando que todo lo que es delincuencia organizada y drogas, no es su competencia ni su interés. Desconoce todo sobre el tema. En síntesis, de manera reiterada expresó que coopera, pero no puede apoyar. No dio certeza de apoyar ni siquiera en órdenes de cateo y aprehensión en materia de fuero común”, detalla el reporte.
“No se considera confiable… Se le consultó sobre su apoyo y trabajo coordinado con la SEMAR. Negándolo, expresando que no mantiene relación con ellos. (Con anterioridad se supo que llegó un grupo de 90 elementos de la UNOPES, de la armada para apoyar al Fiscal en detenciones. De este efectivo quedan 63).”
El ‘Culiacanazo’ incrementa influencia de Los Chapitos
En el informe de la Sedena, tanto Cristóbal Castañeda Camarillo como Víctor Manuel Martínez Mendoza, coincidieron en que luego de la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019, se modificaron las acciones de Los Chapitos y de las autoridades.
“Derivado de los hechos del 17 de octubre 2019, se ha percibido que las acciones que han realizado la facción de los Menores, se han incrementado, al grado de buscar plazas o lugares de influencia que habían estado bajo el control de la facción del Mayo Zambada; quien ha preferido ceder territorio e incluso ha asimilado bajas, evitando una escalada o confrontación directa”, mencionó el secretario de Seguridad Pública estatal a la Subjefatura Operativa.
“Se considera que los menores tratan de tener prestigio propio, incrementando sus actividades delictivas, uso de la violencia y temor. Mantienen hegemonía en el narcomenudeo y en la fabricación de drogas sintéticas”.
Además, señaló que se ha detectado una presencia creciente de laboratorios de fentanilo en la ciudad de Culiacán.
El delegado de la FGR, por su parte, señaló que hasta el 20 de mayo de 2020, es decir a siete meses del “Culiacanazo”, no había “avance en la judicialización de las denuncias, incluidas las del personal militar” y que en Culiacán destaca el aseguramiento de laboratorios de fentanilo.
Ríodoce publicó que durante el “Culiacanazo”, militares habrían disparado y asesinado a los carpinteros Nicolás “N” y Jorge Arturo Hernández, quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado frente al lavado de autos River Cars Wash, ubicado en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Martínez Mendoza propuso designar objetivos prioritarios y generadores de violencia, además de las cabezas de las organizaciones.
La Subjefatura Operativa también señaló el crecimiento del Cártel de Sinaloa a partir de las drogas sintéticas, “con creciente actividad en fentanilo”, y que la fallida detención de Ovidio Guzmán, “marcó otra forma de operar de los cárteles”, por lo que “se considera conveniente realizar una operación especial en el citado estado (Sinaloa). Con incremento en las actividades de inteligencia y operativas”.
Como resultado de las entrevistas con los tres funcionarios de seguridad pública el 20 de mayo de 2020, la Subjefatura Operativa de la Sedena consideró que no hay voluntad ni disposición para trabajar y operar en el estado por parte del Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) y del Fiscal General del Estado (Juan José Ríos Estavillo), en materia de seguridad pública y delincuencia organizada”.
“No hay voluntad ni disposición del Gobernador y el Fiscal”, concluye la Sedena.
“Se observó disposición para trabajar coordinadamente con el Delegado de la Fiscalía General de la Republica. El Tte. Cor. Castañeda, mantiene coordinación y cooperación con la Zona Militar y con esta Secretaría”.
Artículo publicado el 21 de mayo de 2023 en la edición 1060 del semanario Ríodoce.
