Presidencia de la República pidió a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la primera parte del “Plan B” electoral, cuyo proyecto plantea invalidar las reformas realizadas por la mayoría de Morena.
El argumento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es que el máximo tribunal debe definir primero una impugnación que está pendiente desde 2018, cuando se expidió la Ley General de Comunicación Social.
Esa ley, dice Presidencia, fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano.
En ese momento se reclamó “que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal”.
Las impugnaciones fueron admitidas, pero desde entonces no hay una sentencia sobre el tema, argumenta la Consejería Jurídica.
Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.
