Jornaleros indígenas: hacinados, sin servicios, y olvidados por el gobierno

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Tiene cara de niña, lleva enaguas, y una blusa que le cubre de las muñecas hasta el cuello. No habla, es callada. Lleva 20 pesos en la mano y la acompaña un niño. Llega a la tienda de la calle 15 y Japaraqui, en Juan José Ríos, y se sienta en un macetero. Solo observa de vez en vez hacia la entrada, y continúa aguardando.

Adentro, dos “chabochis” hablan con la tendera, y resuelve entrar cuando esos dos hombres mestizos se retiran. Es una jornalera rarámuri. Ella lleva sus frituras en la mano, y entra a una cuartería en construcción, localizada en la calle 15, entre Japaraqui y Mayculi. No responde ninguna pregunta. Solo observa a los desconocidos para ella. Continúa andando hasta cerrar la puerta de un cuarto.

En una habitación contigua hay una pareja de jóvenes, que al ver a los “chabochis”, salen sin prisa, caminan hacia atrás de esa cuartería y se pierden entre las habitaciones.

La habitación que ocupan, es una en las 27 cuarterías que están diseminadas en esta sindicatura ya elevada a ciudad y que será la cabecera de un nuevo municipio.

En algunas de ellas, las comodidades básicas son inexistentes. El agua es inapta para consumo humano, los sanitarios son focos de contaminación, la electricidad se suministra con pegazones de cables, el gas se abastece en ánforas cuyas conexiones están tan tostadas como un pan de caja; hay de techos de hormigón, pero también de hule negro, láminas galvanizadas y hasta de paja; los muros son de tabique, pero también de lona, de corteza de árbol y de lámina metálica pero también cartón; hay cuartos con pisos firmes, pero también de tierra y las ventanas son puertas a la misma vez.

De las 27 cuarterías, 20 fueron revisadas por una comisión intersecretarial del Gobierno del Estado que, a juicio del secretario de Salud, Cuitláhuac González, están en condiciones deplorables, tanto que se encontraron 70 niños con diferentes infecciones de los cuales, destacan veinticinco con gastroenteritis y 20 más con resfriado común, siendo necesario el traslado de cuatro de ellos al Hospital General de Los Mochis “Jesús Kumate García”, ya que presentan sintomatologías de alarma.

La revisión la forzó la muerte de una bebé por desnutrición y enfermedad gastrointestinal y el descubrimiento de 4 casos más similares, y la aceleró el descubrimiento del cuerpo de una niña de cuatro años que había fallecido por padecimiento de vías respiratorias.

Las condiciones físicas fueron consideradas como insalubres por el titular de la Comisión Estatal de Prevención Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Randy Ross Álvarez que decretó la suspensión de operaciones. Pero al día siguiente, estas fueron de nuevo ocupados por los jornaleros que tiraron a la basura la pegatina.

En respuesta, el municipio de Guasave y el Estado acordaron la apertura de un albergue para 300 jornaleros inhabilitado años atrás por Protección Civil en la colonia López Vargas, pero antes se abrió una cocina móvil y se desplegaron brigadas médicas para después distribuir calzado, ropas, colchonetas, catres, despensas, explicó el alcalde de Guasave, Martín Ahumada Quintero.

Pese a lo insalubre de las instalaciones, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya aseguró que no construirán un albergue para los jornaleros, porque es responsabilidad de los patrones.

Julia Arellanes Montes, una de las administradoras de un albergue para jornaleros que no fue sancionado, aseguró que el problema de la ronda oficial es que llegan al final de la temporada de arribo de jornaleros marzo-abril, cuando se observa el efecto que comenzó el octubre, es decir, seis meses antes.

Las revisiones deben comenzar en septiembre para dejar de tarea la solución a octubre, que es cuando llegan, algunos solos y otros traídos por contratistas.

“Si continúan haciendo lo que hoy hicieron, nada va a servir, porque los jornaleros ya se van a la uva a Navojoa, luego a la papa en Caborca y regresarán el año próximo, así es que, lo que hagan estará de más, no van a resolverle a nadie los problemas”.

Los diputados y el gobernador tienen una tarea aparte, que es la de modificar las trabas burocráticas de registro patronal y eliminar los vacíos en las obligaciones como es la edad laboral y los requisitos para la inscripción al seguro social tomando en cuenta las condiciones en que viajan los jornaleros.

“Si no lo hacen, este será un problema eterno, como ha sucedido hasta hoy. No es que no se quiera cumplir, es que no hay forma de hacerlo, y algunos, pues lo evaden, porque hay que sacar el trabajo”, dijo.

Margarita González Mendoza, síndica de Juan José Ríos, afirmó que por ser los jornaleros agrícolas una población flotante, no hay un censo, como tampoco se sabe cuántas cuarterías están ocupadas, porque ellos llegan, rentan una casa deshabitada, la habilitan a como pueden y allí viven cuatro o cinco familias durante meses, para desaparecer un día, repentinamente. “Ese es el problema real de todo esto”, dijo.

Artículo publicado el 26 de marzo de 2023 en la edición 1052 del semanario Ríodoce.

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