Luego de que el pasado viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgó una suspensión contra el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) anunció que presentará una impugnación.

“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, informó el gobierno en un comunicado.

La CJEF consideró que la suspensión a la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue concedida por el ministro Laynez a través de una “serie de arbitrariedades”.

El ministro ponente admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE contra el “decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

La Presidencia informó que “el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva”.