Amparos interpuestos por universitarios sobre la Ley de Educación Superior de Sinaloa también protege a la UAS

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El director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, dijo que los amparos interpuestos para que no se aplique la Ley de Educación Superior de Sinaloa también protege a la UAS, y que el Congreso desobedezca sería desacato a la autoridad judicial federal, por lo que, asumiría consecuencias administrativas y penales.

Lizárraga Otero detalló en conferencia de prensa que universitarios han metido decenas de amparos en diversos juzgados de distrito en el estado, de los cuales seis ya fueron admitidos y tres suspensiones provisionales lo que significa que el Congreso del Estado no puede realizar ninguna consulta para modificar la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios.

Explicó que el Juez Federal determinó otorgar la suspensión al quejoso para que no se aplique la Ley de Educación Superior en los Artículo Tercero, párrafo tercero y cuarto, Artículo 51, Artículo 59, y eso indirectamente protege a la Universidad, porque si el Congreso del Estado decide aplicar esos artículos al quejoso se los tiene que aplicar forzosamente a la Universidad.

Respecto a los señalamientos de que la UAS no se ha amparado, dijo que los amparos interpuestos por los universitarios también protegen la institución, asimismo lamentó y calificó de irresponsable que se hagan esos comentarios con tanta ligereza sobre todo porque vienen de un legislador que no tiene un fundamento legal para decir, mientras que la Universidad con la ley en la mano y con documentos afirma categóricamente lo contrario y por tanto el Juez Federal admite los amparos y otorga la suspensión.

Mostró también un cuadro comparativo de la Ley de Educación Superior de Estado de Sinaloa, con la de Puebla y Jalisco donde se aprecia el agregado que violenta en la primera la autonomía universitaria al establecer que la renovación de la Ley Orgánica la realizará el Congreso Estatal y no desde dentro de las comunidades universitarias.

Agregó que ya se compartió este tema con la red jurídica de universidades públicas y los abogados de las universidades autónomas de Yucatán, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, de Campeche, Guerrero, de México, Veracruzana, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí y otras se suman a la posición de la UAS.

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