La absolución de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol, por el caso de la “Estafa Maestra”, es un “acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”, afirmó la Fiscalía General de la República.

En un comunicado, la FGR consideró que la “Estafa Maestra” es uno de los “más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país”, y hasta el momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento.

“La afectación al patrimonio nacional ha quedado evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Rosario ‘R’, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal; ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto; y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió, ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del país y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva”, cuestionó.

“Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente”.

La Fiscalía añade que el sobreseimiento del proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público contra Rosario Robles, por considerar que hubo violaciones al debido proceso, decretado por el juez de control, Roberto Omar Paredes Gorostieta, adscrito al Reclusorio Sur, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. “Y declarar que eso “no constituye delito”, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”.

“Asimismo, dicho Juez Penal, contrariando lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales, utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente, para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos”, señala..

“Independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, la Fiscalía General de la República no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia (art. 225, fracción VI, del propio Código Penal Federal).”

La Fiscalía advirtió que interpondrá una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) e iniciará un procedimiento penal contra el juzgador.

Ayer viernes, el juez Paredes Gorostieta también revocó las medidas cautelares que aún existían en contra de Robles Berlanga, por lo que se le tendrán que regresar sus documentos y ahora podrá salir del país si así lo desea.

El fallo del juzgador federal se dio en acatamiento a un juicio de amparo concedido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México derivado del recurso de revisión 260/2022.

En consecuencia, el juez de Distrito dictó el sobreseimiento o cancelación de la causa penal contra Rosario Robles, la cual tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria.