El miércoles el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron desnacionalizar a 94 nicaragüenses, de acuerdo con el presidente del Tribunal de Apelaciones de Manauga, Ernesto Rodríguez, en los enjuiciados pesan cargos de “traición a la patria” y son considerados “prófugos de la justicia”.
Entre los afectados están escritores como Sergio Ramírez, Premio Cervantes y Gioconda Belli; los periodistas Carlos Fernando Chamorro, Wilfredo Miranda, Carlos Chamorro y su esposa Desirée Elizondo; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia; y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH).
Carlos Chamorro aseguró en su columna que los exiliados son una muestra de la pluralidad que existe en Nicaragua de activistas políticos, líderes cívicos, académicos, religiosos, periodistas, intelectuales, y exfuncionarios públicos, “a quienes pretenden despojarnos de nuestros derechos ciudadanos a perpetuidad, y de paso ejecutar una masiva confiscación de bienes como un acto de venganza“.
Las violaciones al debido proceso están condenadas por la Constitución de la República de Nicaragua, la cual protege el derecho a la nacionalidad y prohibe la imposición de penas a perpetuidad y la confiscación de bienes.
“Los dictadores Ortega y Murillo únicamente están reafirmando que desde hace muchos años Nicaragua dejó de ser una sociedad regida por la ley y la Constitución, en la que impera la ley de la venganza y el odio, contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre y democrática”, denunció el periodista nicaragüense.
Los 94 afectados se les suman a los 222 presos políticos de Nicaragua que por orden del régimen fueron expulsados la semana pasada de su país, y a quienes también se les despojó de la nacionalidad y fueron trasladados el jueves en un avión fletado por Estados Unidos hasta un hotel en las afueras de Washington, donde los liberados recibieron apoyo del Departamento de Estado para iniciar un proceso que les permita lograr un estatus legal en el país. España también ha ofreció otorgarles la nacionalidad, lo cual fue aceptado por algunos de los expatriados.
Entre los perjudicados del 15 de febrero se encontraban Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien el año pasado denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Daniel Ortega y abogó por la liberación de los presos políticos del régimen.
“La dictadura me ha declarado traidor a la patria, ha ordenado la confiscación de bienes, me ha inhabilitado, pero esto significa que estamos haciendo la lucha para que Nicaragua vuelva a la democracia. Vamos a seguir adelante”, dijo el exdiplomático en un vídeo compartido en Twitter.
La desnacionalización de las voces críticas de Nicaragua hace evidente las políticas de represión e intimidación en el país centroamericano, que se han hecho presentes desde el 2018, cuando a partir de las protestas masivas en la capital y en otras ciudades importantes, el gobierno de Ortega desató una fuerte represión contra los manifestantes, empezando con el asesinato de 360 inconformes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que muchos de estos eran jóvenes universitarios.
“Llamamos a todos los ciudadanos, y en especial a los servidores públicos a romper el silencio, a denunciar la corrupción, y a no acatar órdenes nacidas de una dictadura corrupta e inmoral. El ocaso de la dictadura es la hora de los servidores públicos, civiles y militares, para empezar a formar parte de una solución nacional“, concluyó Carlos Chamorro para Confidencial.
Aristegui Noticias
