Con el pago de 717 mil pesos cierran caso del tiburonario que colapsó a días de ser inaugurado

TIBURONARIO. Acuerdos en la cúspide.

Con la instalación de cámaras con valor de 717 mil pesos como reparación del daño, quedó cerrada la causa penal por la supuesta licitación a modo para la construcción del tiburonario que colapsó y que tuvo un costo de 34 millones de pesos.

Durante una audiencia celebrada hoy en el Centro de Justicia Penal, el representante del Acuario de Mazatlán , Ángel Servín, consideró que estaba cumplida la reparación del daño.

En el proceso estaban involucrados el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix; el ex Jefe de Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda; y el ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, Armando Trujillo Sicairos.

La Fiscalía General del Estado acusó que los funcionarios hicieron una licitación a modo para asignar el contrato por 34 millones 614 mil pesos a empresas cuyas propuestas debían ser desechadas ya que no cumplían con los requisitos.

El tiburonario fue inaugurado por el gobernador Mario López Valdez en diciembre de 2016 y en febrero de 2017 el acrílico colapsó.

Los ex funcionarios fueron imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, en 2018.

En 2020 los imputados propusieron un acuerdo repertorio que consistía en pagar las cámaras de vigilancia del nuevo pingüinario.

El entonces director del Acuario, Juan Pablo Rojo, estuvo de acuerdo debido a que ellos consideraban que los responsables del colapso eran los constructores y otros servidores públicos.

El juez aprobó el acuerdo para comprar equipo para reparar el daño, pero estableció que tendría que ser equipo con valor de 3 millones de pesos.

Los imputados apelaron la decisión del juez de control y un juez de distrito les concedió un amparo en el que se estableció como reparación del daño la compra de equipo con valor de 717 mil pesos.

La mañana de hoy los ex funcionarios pidieron al juez cerrar la causa penal debido a que ya instalaron y pusieron en operación las cámaras.

El representante del Acuario dijo que ya habían cumplido con los equipos y el juez dictó el sobreseimiento total de la causa penal.

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