El exgobernador de Sinaloa heredó además 3 mil 289 millones de pesos de pagos pendientes a proveedores
La ASE advirtió en la fiscalización del último año de gobierno de Quirino Ordaz Coppel que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, el gobierno estatal le dio preferencia al procedimiento de adjudicación directa y no aplicó la regla general de licitación pública.
En su revisión la Auditoría Superior del Estado encontró que en el 2021 el gobierno estatal prefirió la adjudicación directa en el 58.04 por ciento de los contratos.
En el informe de fiscalización del 2021, la ASE recomendó se realicen las acciones necesarias para que por regla general se adjudiquen las obras públicas mediante licitación a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
En la fiscalización de la cuenta del 2021, la ASE seleccionó para su revisión una muestra de 39 obras públicas, y se encontró que el gobierno estatal no contó con los controles adecuados para que los trabajos cuenten con las especificaciones técnicas de construcción, proyectos arquitectónicos y de ingeniería.
El programa de obras de 2021 no estuvo formalizado, al no indicarse fecha de inicio ni terminación, ni la óptima operación.
Entre otras debilidades, la ASE destacó que no se cuentan con los expedientes unitarios de obras públicas con el mercadeo de los materiales y equipo.
Los Comités de Obras Públicas no se encuentran debidamente integrados, ya que no tienen designados a los tres ciudadanos representantes de las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas, entre otros.
La falta de mecanismos de control en la realización de obras públicas no garantizaron que las obras reportadas como terminadas, se encontraran efectivamente concluidas y operando.
En la revisión, la ASE encontró que el 58.04 de los contratos de obras públicas fueron otorgados por el gobierno estatal mediante adjudicación directa al 4.61 por ciento de los contratistas inscritos en el padrón.
En el caso de las obras contratadas por licitación pública, fue el 41.96 por ciento que fueron concentrados en el 3.27 por ciento de los contratistas registrados en el padrón.
El gobierno estatal de Ordaz Coppel, ahora convertido en embajador de España, heredó además un total de 3 mil 289 millones de pesos de pasivos sin fuentes de pago. Así lo revela el informe elaborado por la ASE de la cuenta pública 2021, de cuyo año solamente dos meses correspondieron a la gestión de Rubén Rocha Moya.
La ASE recomendó que el gobierno estatal continuará reforzando las medidas de disciplina financiera para que se pudiera cubrir los pasivos de corto plazo, y con ello eficientar el uso del recurso público.
Quedaron en calidad de recuperaciones probables 15 millones 664 mil pesos por realizar pagos sin contar con documentación que justifique y soporte los apoyos otorgados, pagos de estimaciones de obra sin efectuar deducciones para los programas del DIF, anticipos de obra no amortizado por parte del contratista, volúmenes de conceptos de obras pagados en exceso, no ejecutados, de mala calidad y que no cumplen con las especificaciones de construcción.
La ASE por ejemplo registró que el gobierno estatal pagó 118 mil 994 mil pesos en exceso por la construcción de la ciclovía en avenida Cerritos en Mazatlán. Está también el caso de la remodelación de las oficinas para el Gobierno del Estado en Mazatlán, en donde se encontraron irregularidades en el pago por 2.4 millones de pesos por concepto de obras que no se realizaron con los materiales estipulados en el contrato y volúmenes de obra no ejecutados.
Entre los pliegos de observaciones destaca la falta de documentación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura que acredite los apoyos otorgados económicos por 7 millones 522 mil pesos para el Programa de Repoblación de Embalses y Presas, que servirían para la adquisición de alevines de tilapia. Entre los documentos faltantes están los nombres de los beneficiarios, los proveedores elegidos, y la convocatoria que se debió haber emitido.
En el año fiscal 2021, la ASE realizó auditorías de desempeño a las Secretarías de Gobierno, Agricultura y Ganadería, y Economía, Pesca y Acuacultura.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería, y la Secretaría de Pesca y Acuacultura, no realizaron una adecuada verificación y supervisión del uso y destino de los apoyos otorgados.
Las secretarías de Turismo, Desarrollo Sustentable, y Pesca y Acuacultura, efectuaron pagos en los cuales omitieron proporcionar que justificara o evidenciara los gastos realizados.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable efectuó pagos de viáticos, sin que fueran amparados por los oficios de comisión de los funcionarios.
Artículo publicado el 30 de octubre de 2022 en la edición 1031 del semanario Ríodoce.
