Acusan ONGs militarización e inconstitucionalidad sobre control de la GN por la Sedena

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Distintas organizaciones denunciaron militarización de la seguridad e inconstitucionalidad, esto tras la aprobación en el Senado de la iniciativa que pasa la Guardia Nacional a manos del Ejército.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció que la decisión viola el artículo 21 constitucional y profundiza la militarización sin controles.

Por lo que instó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a interponer una acción de inconstitucionalidad.

El miércoles pasado, el Consejo Consultivo de la CNDH instó al órgano autónomo a interponer dicha acción en caso de que fuera aprobada la reforma, ya que consideraron que era de “notoria inconstitucionalidad” y representa “una grave amenaza” a los derechos humanos.

Sostuvieron que daría pie a una militarización de la GN, a pesar de que sus tareas corresponden al orden civil.

A su vez, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, reiteró este viernes que la decisión del Senado deja a México sin una fuerza policial civil federal, “consolidando aún más el papel ya destacado de las fuerzas armadas en la seguridad pública”.

“Los mecanismos de derechos humanos han establecido claramente que las fuerzas armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de manera temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión efectiva de organismos civiles independientes”, subrayó.

Asimismo, recalcó que la delincuencia en el país no ha disminuido a pesar del aumento de la militarización, sino que ha provocado un incremento de las denuncias de violaciones de los derechos.

Por lo anterior exhortó a las autoridades federales a que fortalezcan la supervisión civil en el sector de la seguridad.

Por su parte, la organización Balance aseguró que la resolución abona a que la violencia en el país continúe y señaló que la GN no se verá obligada a responder ante autoridades civiles en caso de violaciones a derechos humanos.

Además, apuntó, “no deberá rendir cuentas ni tener transparencia, ya que sus recursos serán administrados por la Sedena”.

(Con información de Aristegui Noticias)

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