La Comisión emitió una recomendación y pide a gobiernos estatal y municipales tomen medidas para proteger los derechos de las víctimas

Las mujeres en Sinaloa son violentadas de las maneras más diversas y revictimizadas por las autoridades, cuyas omisiones han concluido con feminicidios, señala la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La CEDH emitió una recomendación general, tras analizar las quejas y 113 recomendaciones que ha emitido de 2017 a 2021.

El documento indica que las mujeres del estado sufren desde violencia sicológica, hasta violencia docente y feminicida.

El organismo advierte que es preocupante el aumento en los casos de violencia docente y acoso sexual en escuelas hasta en niñas de primaria.

La CEDH señala que hay un incremento de denuncias y quejas por actos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas en el estado, lo que contraviene el deber de todas las instituciones públicas de generar acciones de prevención y control de la violencia en todas sus formas y manifestaciones.

Se detectó con suma preocupación que las mujeres, adolescentes y niñas en el estado son violentadas en sus derechos de las maneras más diversas, y además son revictimizadas por las autoridades al momento de conocer sus casos y no actuar conforme lo exige la norma nacional e internacional en la materia, indica.

A las mujeres, adolescentes y niñas del estado, señala, les es difícil desarrollar su proyecto de vida, pues la violación a sus derechos es constante y pareciera que las acciones gubernamentales en la materia no logran incidir de manera significativa en la prevención y, en su caso, eliminación de la violencia contra las mujeres.

A la CEDH han acudido mujeres que se quejaron de sufrir violencia sicológica por parte de sus parejas, de sus superiores jerárquicos, de policía aprehensora, a causa de negligencia médica, por malos tratos, por acoso sexual, por hostigamiento laboral, hostigamiento en las escuelas, y, en general, por el sufrimiento provocado por las violaciones a derechos humanos que diferentes personas servidoras públicas les han generado.

Las quejas recibidas por violencia en la familia se refieren a las acciones u omisiones de las autoridades al atender estos casos, particularmente las medidas de protección solicitadas por el ministerio público e implementadas por la policía estatal, municipal y de investigación, que no han sido efectivas hasta el momento para evitar que las mujeres bajo tal protección, puedan evitar los ataques de sus agresores.

Menciona que en un caso en Culiacán y otro en Guasave, las mujeres tenían órdenes de protección y terminaron siendo víctimas de feminicidio.

Del análisis de los expedientes de queja advierten que la respuesta recurrente por parte de las autoridades estatales y municipales, al momento de que el ministerio público emite órdenes de protección, es que no es posible llevar a cabo el cumplimiento, ya que no cuentan con elementos policiales suficientes.

La Comisión indica que además el estado no cuenta con suficientes espacios especializados o refugios donde se pueda recibir a la víctima y a sus hijos, y proporcionarles alimentación, abrigo, pero sobre todo un espacio seguro donde se sientan protegidas y con apoyo no solo legal sino médico y sicológico.

Señala que también sufren casos de violencia laboral y docente en un contexto donde quien ejerce el poder lo es, por lo regular, el empleador o el docente y es quien obtiene una ventaja de dicho ejercicio de poder.

En los últimos años en el estado se ha generado un fenómeno en instituciones educativas en el que se han expuesto por parte de estudiantes y trabajadoras a personas que han abusado de su poder generando acoso sexual u otro tipo de hostilidades, ello a través de lo que se llamó “tendederos”, detalla.

“Hasta el momento, esta CEDH no ha tenido conocimiento de que personas servidoras públicas hayan sido sancionadas, aún y cuando estos actos de protesta materializados en “los tendederos” fueron expuestos públicamente, no se han llevado a cabo acciones de parte de las autoridades educativas para efecto de prevenir, controlar y, en todo caso, investigar y sancionar a las personas señaladas”, indica.

Menciona que preocupa seriamente a la CEDH el incremento de casos de acoso sexual de parte de profesores a estudiantes, no sólo a nivel superior, sino también a nivel primaria, secundaria y preparatoria.

“Mayormente preocupa que la autoridad en materia de educación sólo cambie de adscripción al agresor, cuando las acciones a tomar deberían ser más serias y tratar de anular el peligro en los infantes y jóvenes”, establece.

La CEDH detectó que durante el embarazo, parto y puerperio, las mujeres de Sinaloa han sufrido desde regaños, humillaciones, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas.

Del año 2017 al año 2021, se emitieron 10 recomendaciones relacionadas con casos de violencia contra la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

La CEDH pidió al gobernador Rubén Rocha Moya, a los 18 alcaldes y alcaldesas y a los poderes legislativo y judicial, realicen acciones en el marco de sus competencias para lograr la efectiva protección de los derechos de las mujeres.

También pide incluir en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa y en los presupuestos de egresos de los municipios de la entidad, recursos para que se elaboren y pongan en práctica políticas públicas con perspectiva de género en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Además solicita se dicten medidas efectivas e integrales, de manera inmediata para efecto de prevenir el acoso y hostigamiento sexual en las instituciones educativas del estado, públicas y privadas; y garantizar la protección de las víctimas y que cuenten con un espacio seguro y digno donde se les brinde asesoría legal, médica y psicológica.

Artículo publicado el 17 de julio de 2022 en la edición 1016 del semanario Ríodoce.