El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la expulsión del PRI del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel por mayoría de votos.

Ordaz Coppel presentó una queja contra la decisión del PRI de expulsarlo tras aceptar la embajada en España pero la Sala Superior declaró infundada la queja.

Los magistrados coincidieron en que el ex gobernador deliberadamente desobedeció los llamados a que se apegara a los estatutos del partido.

El magistrado Indalfer Infante fue quien elaboró la sentencia aprobada por los magistrados en la que ratifica la expulsión.

“La medida me parece proporcional, porque privilegia la autodeterminación de los partidos, además protege la ideología de los partidos frente al interés personal de aceptar un cargo de sus dirigentes”, señaló el magistrado.

Mencionó que el partido fundó y motivó su determinación en contra del exgobernador conforme a lo que establece los documentos básicos que lo rigen, al destacar la validez de la restricción que establece el PRI para que sus dirigentes no acepten cargos en gobiernos de otras fuerzas políticas.

“El órgano responsable (del PRI) señaló que la gravedad de la conducta desplegada por el actor radicó en que, con conocimiento pleno de lo determinado por el máximo órgano deliberativo de la dirección colegiada de carácter permanente, deliberadamente desobedeció su determinación”, comentó Infante Gonzales.

Mencionó que si el partido no comparte las políticas e ideología del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta más que evidente que prohíba a sus dirigentes aceptar cargos en sus dependencias.

La magistrada Mónica Soto votó en contra al considerar que esta restricción “vulnera los derechos para ejercer un cargo público que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por encima de cualquier estatuto de partido”.

El magistrado José Luis Vargas, quien también votó en contra señaló que el PRI puede prohibir que uno de sus integrantes ocupe un cargo o comisión en gobiernos emanados de otro partido, pero esto no implica “deslealtad” a un partido y es un derecho establecido en la Constitución.

“La medida parte de una presunción de que el militante o dirigente que acepta el cargo actuará contrario a los intereses del partido, en este caso el PRI. A mi juicio tampoco es proporcional la medida en sentido estricto ya que afecta de manera clara y categórica el derecho a ocupar un cargo público”, manifestó.

Manifestó que los cargos una vez que son aceptados no implican una deslealtad a los principios y valores de un partido político.