La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tiene una deuda de 2 mil 035 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributario (SAT) del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero no la reconocen y señalan al Gobierno del Estado de no haber entregado ese dinero a la Universidad.

Según el rector, Jesús Madueña Molina, de 2015 a 2021 el estado no entregó a la UAS la devolución del ISR. Ese periodo comprende los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel; y de Juan Eulogio Guerra Liera, como rector.

El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que el SAT requirió el pago de 1 mil 177 millones de pesos de ISR de 2015 y 2016, más 872 millones de pesos de accesorios moratorios.

Madueña Molina dijo que la UAS no reconoce tal adeudo y tiene en trámite dos juicios de nulidad contra el cobro porque el gobierno estatal no enteró ese dinero a la Universidad.

Señaló que los tribunales concedieron una suspensión que impide a la autoridad fiscal ejecutar cualquier orden de embargo.

“Recibimos una notificación del SAT donde nos están demandando, llegó en el 2019 la notificación, claro que la Universidad no reconoce lo que el SAT nos estaba demandando, entonces interpusimos una demanda porque nos estaban requiriendo dos procesos, un faltante que manejan ellos de 2015 y un faltante de 2016…”, dijo.

Y aseguró: “nosotros no debemos nada, aquí nada más hay un detalle, la Universidad no reconoce ningún adeudo, por eso nosotros demandamos el proceso porque estamos inconformes dado que el recurso del 3-B no se le ha enterado a la Universidad y por eso no reconocemos nosotros ese tema”.

Explicó que como institución educativa son beneficiarios del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que las entidades federativas y los órganos como la UAS tienen derecho a la devolución del ISR y la devolución no se hace directamente a la Universidad sino a través del gobierno estatal.

“Ese ISR siempre en los últimos siete años ha regresado al Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado no lo ha enterado a la Universidad, esa es la inconformidad que tenemos, por eso nosotros le demandamos al SAT, porque no estaban cumpliendo con nosotros, el SAT lo manda al Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado no lo manda a la Universidad”, manifestó,

En septiembre del año pasado, indicó, estuvo en el SAT en la Ciudad de México con Irais Barrueto, encargada de entidades federativas, y ella les hizo una propuesta de solución definitiva, la cual no aceptó porque no reconocen la deuda y no tienen recursos para pagar y pidió que esperara a que entrara el nuevo gobernador.

El director de la Facultad de Derecho de Mazatlán, Ramón Bonilla Rojas, quien está llevando los juicios de nulidad, explicó que ante el SAT presentaron las pruebas para decir que el adeudo no era tal.

Al revisar las pruebas, el SAT hizo una resolución de crédito fiscal y la Universidad presentó un recurso de revocación, en el que la misma dependencia resolvió que ratificaba su determinación del adeudo.

Entonces, detalló, la Universidad acudió al Tribunal de Justicia Administrativa y en su defensa expuso que la institución es beneficiaria del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que todo el ISR debe ser devuelto a la UAS pero por razones institucionales el gobierno estatal no lo hizo.

“¿Cuáles son los argumentos de nosotros?, es la devolución del 3-B y si me estas requiriendo algo que me debías, lo que estamos planteando nosotros es una compensación, ni te debo ni me debes”, expresó.

El monto que exige el SAT, aseguró, es dinero que no le fue entregado a la Universidad.

“Nosotros ofrecimos documentales expedidas por Gobierno del Estado de 2019 donde directamente le preguntamos cuánto se le había enterado a la Universidad del 2015 al 2019, textualmente el Secretario de Administración y Finanzas dijo ‘se informa que del sistema integral de información financiera no se encontraron registros al respecto’”, señaló.

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que aunque la UAS alega que el Gobierno estatal no le enteró los recursos, el adeudo con el SAT es de la Universidad.

“El SAT dice a mí me lo deben y ¿quién me lo debe?, la UAS, le cobró a la UAS; la UAS le contesta, yo no conozco el contenido de la respuesta, pero muy probablemente le dice no soy yo, es allá el gobierno. Si se resuelve por la Corte el tema, vamos a tener mayor claridad, pero por lo pronto ¿qué dice el SAT?, a mí me lo deben y por lo pronto quién tiene la responsabilidad de esa retención es la Universidad”, expresó.

Mencionó que no hay registro de que la UAS haya solicitado al estado las devoluciones de ISR que aseguran no les enteraron durante los últimos siete años.

Si eso se alega ahora ¿por qué las autoridades de la universidad callaron?, no hay una sola referencia en nuestros archivos en transparencia o en la Secretaría de Administración donde se esté solicitando eso”.

Manifestó que junto con la universidad buscarán llegar a un convenio con el SAT para evitar un conflicto que paralice a la Universidad.

Rocha Moya señaló que están revisando la situación y si es necesario la harán, porque no descartan que haya responsabilidad tanto del gobierno como del rector anterior.

“No podemos descartar que es una irresponsabilidad de quien dirigía a la universidad en esa época de no enterar retenciones, las retenciones no son de la institución-patrón o del gobierno en este caso, ni allá ni aquí, esas retenciones malamente se usaban en el flujo, probablemente porque había insuficiencia de recursos, pero se usaba reteniendo un recurso porque eso se los retienen a los trabajadores, no viene de otra parte”, indicó.

El mandatario señaló que “ni al rector actual ni al gobernador actual nos compete cualquier responsabilidad en ese ejercicio para que quede claro, yo en lo personal no me meto, en el caso de que hubiera una responsabilidad de los anteriores gobernadores, no me meto a su defensa”.

Comentó que la práctica de no enterar retenciones de los trabajadores también se hacía en el gobierno estatal en el fideicomiso SIAP, el ISSSTEESIN y el IPES.

El secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, manifestó que el SAT puede usar sus mecanismos como el embargo para que cumplan con sus obligaciones.

“Ha habido yo creo que más que probada comprensión por parte de la autoridad federal para encontrar las vías y mecanismos, el propio gobernador ha mencionado la posibilidad de que el gobierno intervenga para que este mecanismo permita a la universidad cumplir con esa obligación que ha desatendido por muchos años, pero finalmente la autoridad fiscal tiene sus propios mecanismos, una vez que ha agotado todas las posibilidades de diálogo o de alternativas, digamos, conciliadas para efecto de cumplir con ellas”, dijo.

Rocha Moya aseguró: “personalmente voy a tratar de impedir en lo que respecta a cualquier embargo o cosas por el estilo a la universidad, número uno; yo siempre voy a estar enfrente para evitar eso”.

Artículo publicado el 20 de marzo de 2022 en la edición 999 del semanario Ríodoce.