Con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la legalización de la interrupción del embarazo hasta las semana 13 de gestación, al reformar el Código Penal y la Ley de Salud de Sinaloa.
Votaron a favor del dictamen en lo general, 20 diputados de Morena, 6 diputados del PRI, la diputada de Movimiento Ciudadano, Cecilia Jauregui y María Guadalupe Cázares del PT. Votaron en contra la diputada del PAN, Giovanna Morachis y Luis Javier Zazueta del PRI. Los ocho diputados que integran la bancada del PAS se abstuvieron de votar, lo mismo que un diputado sin partido, Adolfo Beltrán. No asistió a la sesión el diputado del PRI, Sergio Mario Arredondo.
La reforma incluyó el delito de interrupción forzada de embarazo sin el consentimiento de la mujer o persona gestante con un sanción entre 2 a 8 años de prisión, y de 3 a 9 años de prisión a quien ocasione pérdida de la capacidad reproductiva de la víctima producto de un procedimiento que utilice el engaño, violencia física o moral.
El decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación, obligará a las instituciones públicas de salud a ofrecer la interrupción del embarazo de forma gratuita, confidencial, seguro, en condiciones de calidad, expedito y no discriminatorio, cuando la mujer o persona gestante así lo solicite.
Las instituciones pública de salud deberán poner a disposición los servicios de consejería médica, psicológica y social con información veraz de las opciones con que cuentan y su derecho a decidir.
Los hospitales públicos deberán atender las solicitudes de interrupción del embarazo a quien lo solicite, independientemente de ser o no derechohabiente o afiliada a cualquier esquema de aseguramiento.
En el caso del personal médico o de enfermería de hospitales públicos o privados podrán objetar la objeción de conciencia para la realización de la interrupción del embarazo, pero tendrán la obligación de referir de inmediato y sin demora con su superior jerárquico o con personal no objeto.
En el caso de las mujeres o personas gestantes que se autoprocuren o consientan que se le practique la interrupción del embarazo después de la semana 13 de gestación, se le podrá solamente amonestación privada y de 20 a 50 días de trabajo a favor de la comunidad o de 200 a 700 días de multa.
El dictamen fue presentado por las comisiones unidas de Igualdad, Género y Familia, la de Derechos Humanos, y de Salud y Asistencia Social, al tomar como base las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, y el diputado sin partido Adolfo Beltrán.
Los diputados de las comisiones dictaminadoras señalaron que Sinaloa se había quedado rezagado en relación a la legislación del aborto, e hicieron referencia a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día 9 de septiembre de 2021, sobre la invalidez señalada en la Constitución Local que señaló que el individuo es protegido por la Ley desde el momento en que es concebido, según el decreto publicado el octubre de 2018.
Los legisladores consideraron procedentes las reformas con el objeto de fortalecer el derecho a la autonomía reproductiva de la mujer y las personas gestantes, al ser consagrado en el artículo cuarto de la Constitución federal, cuyo reconocimiento abarca el derecho a decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el esparcimiento de los hijos.
En el dictamen los diputados mencionaron que hicieron ejercicio de Parlamento Abierto como una muestra de apertura sobre estas reformas.
Pide PAS que la legalización del aborto se reconsidere hasta la semana 12, no 13 de gestación
El Grupo Parlamentario del PAS presentó una reserva al dictamen, en la discusión en los particular, sobre la aprobación del aborto para que sea legal hasta las semana 12, no 13 de gestación como se aprobó en la votación general del dictamen de las reformas al Código Penal y la Ley de Salud.
La reserva fue expuesta en tribuna por la diputada del PAS y presidenta de la Comisión de Salud, Viridiana Camacho Millán, quien planteó que el dictamen deja lagunas abiertas en la aplicación del plazo que sería legal.
Tras la propuesta, el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez, solicitó un receso de cinco minutos para que las comisiones dictaminadores resolvieran.
Almendra Ernestina Negrete, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género y Familia, informó que la propuesta fue rechazada, al igual que el Pleno cuando se le cuestionó si la reserva del PAS debiese ser discutida.
