Comunicadores participantes en el Parlamento Abierto sobre Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos advirtieron a diputados que su celebración no sea una simulación ya que hubo un ejercicio similar organizado años atrás por el Congreso del Estado sin que existan resultados a sus propuestas.
Sobre el señalamiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Melendrez, aseguró que no inician de cero y que el análisis de una Ley de Protección a Periodistas retomará también los puntos de vista planteados en el foro realizado en 2019, cuando asistieron especialistas nacionales e internacionales en la materia.
Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas “7 de Junio”, señaló que la violencia contra los periodistas es una realidad, por lo que se ha exigido mayores garantías de seguridad y protección.
Detalló que en Sinaloa desde 2004 a la fecha se han asesinado a siete periodistas, y que solo en el caso de Javier Valdez existen dos sentenciados.
Recordó los nombres de los periodistas asesinados en Sinaloa: Omar Iván Camacho (2019), Javier Valdez (2017), Antonio Gamboa Urías (2014), Humberto Millán (2011), José Luis Romero (2009), Óscar Rivera (2007) y Gregorio Rodríguez (2004).
Lamentó que el periodismo en México atraviesa por la crisis más violenta en el país desde el 2017, ya que en los primeros 42 días de este año se ha asesinado a cinco periodistas: José Luis Gamboa Arenas en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, Roberto Toledo en Zitácuaro y Heber López Vásquez en Salina Cruz.
Los periodistas coincidieron en lamentar a la impunidad en los casos de los compañeros asesinados.
El luchador social Óscar Loza Ochoa expresó su preocupación por el escenario de confrontación entre el presidente de la república y una parte de los periodistas, que permite en ese marco que los enemigos de la libertad de expresión se lancen a buscar víctimas dentro de los comunicadores con la apuesta a la impunidad.
Varios participantes coincidieron en proponer la creación de un instituto autónomo ciudadano para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en tanto que el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida, no coincidió con esta propuesta porque sería crear más burocracia a cargo del presupuesto público, cuando el problema que se debe resolver es la impunidad.
Junto a las garantías de seguridad del gremio, periodistas como Marcos Vizcarra, señalaron que la legislación debiese atender también la precariedad laboral que viven los periodistas con bajos sueldos y sin ninguna prestación social, lo que lo ubica en una situación de desamparo para sus familias.
Martín Durán señaló la poca eficiencia de los mecanismos de protección con herramientas como el botón de pánico que no sirve para nada o los rondines.
Diversos participantes manifestaron su desconfianza en que los mecanismos de protección o institutos dependan de los gobiernos estatales sirvan para garantizar la seguridad.
Sibely Cañedo demandó que se tomen en cuenta la iniciativa ciudadana que fue presentada años atrás ante el Congreso del Estado porque fue producto de diversos foros realizados en todo el estado para recoger opiniones de todos los involucrados.
Mencionó que en la iniciativa se propuso un consejo ciudadano conformado con paridad de género en donde participe activistas de derechos humanos y activistas para la toma de decisiones, ello porque las estadísticas hablan de que las agresiones no solo provienen del crimen organizado, sino también relacionados con funcionarios públicos, actores de gobierno y políticos.
