El gobierno de Perú declaró emergencia ambiental durante 90 días en la zona afectada por el derrame de petróleo de la empresa Repsol ocurrido el pasado 15 de enero en el terminal multiboyas número dos de la refinería La Pampilla.
Dicha declaración se realizó con el objetivo de garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados, realizando los correspondientes trabajos de recuperación y remediación, así como mitigar la contaminación ambiental, a fin de proteger la salud de la población.
De acuerdo con el comunicado, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) comprobó que “el petróleo derramado se desplazaba con la corriente en dirección norte, afectando las áreas de los islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en 512 hectáreas y la Zona Reservada Ancón en 1758.1 hectáreas, afectando la biodiversidad de dichos ecosistemas“.
De acuerdo con la Resolución Ministerial, “el derrame de petróleo crudo constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino costero de alta diversidad biológica (fauna silvestre y recursos hidrobiológicos), y un alto riesgo para la salud pública; por lo que considera la procedencia de la Declaratoria de Emergencia Ambiental”.
Por lo que se adoptarán acciones inmediatas a cargo de las instituciones públicas en coordinación con los respectivos gobiernos regionales y locales.
Esta semana, en su visita a una de las zonas más afectadas, el presidente de Perú, Pedro Castillo, responsabilizó a Repsol de este “desastre ecológico más preocupante de los últimos tiempos” en las costas del país, mientras que la empresa española aseguró que lo ocurrido es consecuencia del volcán de Tonga y que seguirá trabajando para mitigar los efectos del derrame.